SEÑOR DIRECTOR

La muerte del ex Presidente de Perú, Alan García, genera un debate relevante en cuanto a la gestión política de nuestras sociedades, a saber, si la política debe o no ser judicializada. Se puede escuchar ya las voces que incriminan y critican esta nueva tendencia en perseguir judicialmente a los actores políticos.

El historiador francés, Pierre Rosanvallon, en su libro "La Contra Democracia" (2006), explica esta tendencia asociándola a la pérdida de confianza de la ciudadanía en la clase política, al desencanto y la desafección popular por los procesos electorales tradicionales vistos como democráticamente inoperantes, y destaca la consecuente reacción pragmática de la sociedad en desplazar su actuar ciudadano hacia una fiscalización del quehacer de los actores políticos, una vez terminados sus mandatos.

No cabe duda que esta nueva tendencia ciudadana seguirá creciendo y que los casos de judicialización seguirán aumentando, siendo dicha tendencia constantemente alimentada por el conjunto de escándalos políticos y económicos.

Y más que lamentarse, los actores políticos deberían reflexionar sobre su responsabilidad directa en esta pérdida de legitimidad popular… y enmendar su camino.

Alain Carrier

Decano Facultad Ciencias Sociales Universidad Bernardo O'Higgins