La construcción de instituciones nunca ha sido fácil. Su diseño, implementación y posteriores ajustes requieren de acuerdos técnicos, políticos y de una mirada que sobrepase los ciclos electorales. También de la consideración de los cambios sociales y demográficos. Y de un conocimiento de los factores y reglas que tienen impacto y de cómo interactúan. A su vez, ello exige un manejo difícil de los tiempos: dar el tiempo necesario para construir un sistema institucional duradero, pero manteniendo la urgencia que evite posponer acuerdos a costa de soluciones “parche”.

El sistema de justicia chileno es un buen ejemplo de las dificultades que tenemos en la construcción de instituciones. Desde el regreso a la democracia, se trabajó intensamente en reformas de gran envergadura. Pensemos, por ejemplo, en la reforma procesal penal, la creación de tribunales especializados en familia, laboral, ambiental, tributarios, entre otros. A finales de los 90, también se reformó el sistema de nombramientos de la Corte Suprema. Otros impulsos no corrieron la misma suerte, como el nuevo código penal y una reforma a la justicia civil. Asimismo, la actualización de las grandes reformas institucionales implementadas, para ajustarlas a lo aprendido en su implementación y a los cambios sociales y demográficos de nuestro país en los últimos 20 años (Dos Décadas mirando a Chile, UC 2026), sigue, en muchos aspectos, pendiente. Junto con ello, frente a la incapacidad legislativa de reformas sectoriales, el sistema de justicia se convirtió en un espacio de resolución de grandes cantidades de causas y de rencillas políticas. Un claro ejemplo es lo que ocurrió en salud.

Nada de ello es trivial. En los indicadores de gobernanza mundial (WorldWide Governance Indicators), el indicador de Estado de Derecho para Chile ha descendido de 79.08 en el año 2004 a 68.86 en 2024 (de un máximo de 100 puntos). En el estudio regional sobre congestión judicial presentado por CEJA (2025), Chile empeoró en su capacidad de resolución de causas judiciales, pasando de uno de los mejores lugares, con 1.37 en 2019, a 0.72 en 2024, quedando bajo el promedio regional (0.92). Al mismo tiempo, aumentó la congestión judicial, que ya estaba por sobre el promedio regional (1.98), pasando de 2.05 en 2019 a 2.55 en 2024. CEJA (2025) señala que, con estos resultados, la proyección al 2030 es de un escenario desafiante con riesgos significativos para el Poder Judicial.

Los sistemas de justicia están siendo objeto de reformas en múltiples sentidos a nivel comparados. En algunos países, como Hungría y México, el ataque a su independencia ha sido directo y abierto. En otros, la degradación se ha producido lentamente. Sin embargo, existen ejemplos comparados de reformas y evaluaciones basadas en evidencia que apuntan a fortalecer la independencia del Poder Judicial. Un caso interesante es el de Irlanda, país que creó hace un año la Comisión de Nombramientos Judiciales para evitar su excesiva politización. Durante la última semana, además, se presentó una revisión general de cómo está funcionando su sistema judicial, con indicadores sobre la duración de los juicios, los recursos asignados per cápita y las tasas de homicidios (Law Society of Ireland). Esto, en un país en que la confianza en el Poder Judicial llega al 70% (OCDE 2025). Para hacerse una idea, Chile, en el mismo indicador, llega a 25%.

Después de los casos de corrupción y tráfico de influencias, es indispensable fortalecer al Poder Judicial y su independencia. También lo es abordar los desafíos para lograr un sistema eficiente, predecible y que genere confianza en los ciudadanos. Todo ello requiere de acuerdos legislativos y del uso de la evidencia disponible. En tiempos de alta volatilidad y fragmentación, ello parece difícil. Y, sin embargo, eludir los desafíos de fortalecimiento institucional es el peor camino para un país en que la democracia, la seguridad y la economía se basan en el Estado de Derecho.

Por Isabel Aninat, decana de Derecho de la UAI.