Por Daniel MatamalaLa verdadera emergencia

La política es una caja de sorpresas: un gobierno que llegó al poder inventando una emergencia, se ve enfrentado de inmediato -apenas instalado en La Moneda- a una emergencia de verdad.
Claro que el culpable de la emergencia no es ninguno de sus enemigos habituales: ni Boric, ni los comunistas, ni la Agenda 2030, ni el “lobby gay”, ni esa tríada de ismos que Kast denuncia como el triángulo del mal posmoderno (feminismo, indigenismo y ambientalismo).
No: los responsables de la verdadera emergencia son Trump, Netanyahu y una guerra que el propio presidente Kast aplaudió con entusiasmo.
Partamos por la emergencia ficticia.
En su primera semana de gobierno, la nueva administración dibujó un país en el suelo. Para ello, recurrió a una puesta en escena: en su tercer día en La Moneda, el presidente Kast partió a Penco, un lugar asolado por los incendios forestales. Allí lanzó un Plan de Reconstrucción Nacional, con más de 40 medidas que incluyen rebajas de impuestos, agilización de permisos y combate al delito.
El gobierno usó la escenografía de las viviendas incendiadas para prometer una “reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y de la seguridad pública”. Nada de ello se condice con la realidad de un país que necesita muchos ajustes y mejoras, sin duda, pero no requiere ser “reconstruido”.
Es que este combo emergencia – reconstrucción sirve para aplicar la receta que Steve Bannon, el ideólogo de la ultraderecha estadounidense, bautizó como “inundar la zona” (el término original de Bannon es más explícito: “inundar la zona con mierda”).
Así, bajo la lógica de emergencia, se inunda el debate público con decenas de proyectos y noticias, desde construir la zanja hasta retirar la protección a las ranitas de Darwin; desde restringir la gratuidad universitaria hasta cortar un 3% del presupuesto de todos los ministerios; desde quitar beneficios a migrantes hasta eximir de IVA a las empresas constructoras; desde poner en duda los Juegos Olímpicos de la Juventud hasta retirar normas sobre polución en las ciudades.
Algunas medidas se revierten (¡se salvaron las ranitas!, ¡se salvaron los Juegos!), otras avanzan. Lo importante es que la inundación permite pasar colado de chincol a jote.
Porque, ¿cómo ayuda a los damnificados quitarle protección al Pingüino de Humboldt?
¿Por qué el “gobierno de emergencia” se dedica a estudiar indultos a policías y militares condenados por matar y mutilar a civiles?
¿Cuál es esa “emergencia” que explica que Chile se retire de la declaración del grupo de apoyo de las minorías sexuales de la OEA, del cual somos país fundador?
¿A qué “reconstrucción” ayuda que en la ONU votemos una moción sobre género del régimen de Trump que solo fue apoyada por Pakistán y Congo?
(¿Y a todo esto, no que este gobierno no iba a dar la “batalla cultural”?).
Y entre toda esta inundación, lo más importante: que pase colada una serie de rebajas de impuestos enfocadas en los más ricos.
Se nos dice que tenemos una emergencia física (necesitamos dinero para reconstruir) y fiscal (a lo Milei: “¡no hay plata!”). Y que eso obliga a apretarse el cinturón con todo tipo de recortes, incluidos beneficios sociales, como la gratuidad universitaria, que no iban a tocarse.
Y al mismo tiempo se anuncian proyectos para reducir o eliminar los impuestos a las donaciones, a la herencia y a las ganancias de capital, que son pagados casi exclusivamente por el 1% más rico.
Además se plantea una batería de medidas en favor de los dueños de las grandes empresas: rebaja al impuesto corporativo, un “subsidio al empleo” que baja aun más ese tributo, y la “reintegración del sistema tributario”, un tecnicismo que en palabras simples significa que los dueños de empresas puedan pagar cero pesos en impuestos personales.
Todo esto es menos plata para el Fisco: sólo la baja del impuesto corporativo cuesta unos 1.800 millones de dólares; la reintegración son otros 800 millones. Y no, esa plata no se devuelve con mayor crecimiento, como estableció la Comisión Marfán y han recordado economistas como Ignacio Briones.
La ficción es evidente: ¿cómo ayuda a la reconstrucción de Penco que Luksic o Ponce paguen menos impuestos cuando traspasen plata a sus hijos o cuando liquiden impuestos personales?
Y entonces, entre tanta ficción, la realidad muerde.
Estados Unidos e Israel bombardean Irán, ataques que fueron respaldados por el entonces presidente electo. Hasta ahora, la guerra ha logrado el modesto éxito de reemplazar al ayatolá Jamenei por el ayatolá Jamenei Jr., además de inflamar todo Oriente Medio, llevar pánico a los mercados mundiales y disparar el precio del petróleo a niveles que no se veían desde -vaya curiosidad- marzo de 2022, cuando el nuevo gobierno de Boric debió enfrentar un escenario idéntico, por la invasión rusa a Ucrania.
Esta emergencia sí es real. Y el dilema, también. En 2022, el ministro Marcel aguantó el mecanismo de estabilización de los precios de combustibles (el Mepco) por cuatro meses, a un costo fiscal de 2 mil 500 millones de dólares, para contener el alza al público. Ahora, el ministro Quiroz notificó que no lo hará: no vamos a gastar 200 millones de dólares por semana, argumentó.
El litro de parafina ya ha subido más de 200 pesos. Desactivar el Mepco significa que el litro de gasolina de 97 octanos suba de inmediato 279 pesos por litro, y el diésel, 469 pesos por litro.
Políticamente, un alza como esa es una bomba. Entendiendo que el oficialismo difícilmente dará los votos, en Hacienda buscan fórmulas para actuar por decreto, sin pasar por el Congreso.
Gestionar políticamente un “gasolinazo” como ese ya es difícil. Y se vuelve casi imposible si simultáneamente el gobierno sigue empujando su agenda tributaria. ¿Cómo va a explicar Quiroz que no hay plata para contener el aumento de las bencinas, pero sí la hay para bajarle los impuestos al 1% más rico?
Parece obvio que, si quiere que la clase media pague de su bolsillo el shock de precios del petróleo, el nuevo gobierno debería partir por olvidarse de esos regalos tributarios a los grupos más privilegiados.
Esos son los dilemas de la realidad. Ante una emergencia que esta vez sí es de verdad, no basta con inundar la zona. Hay que tomar decisiones reales para el mundo real. Y esa es la primera prueba de fuego para el nuevo gobierno.
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