Diversas entidades estatales, como el Consejo Fiscal Autónomo, han evidenciado que Chile no tiene espacio para seguir aumentando el gasto público. En el caso de salud, ya se destina lo mismo que países desarrollados respecto del producto interno bruto (1 de cada 10 pesos) y del presupuesto del Estado (1 de 5 pesos). A pesar de ello, el gasto de bolsillo de los hogares (lo que no cubren las Isapres y el Fonasa) es un 50% más alto en Chile, impidiendo el acceso a la salud de los más pobres, quienes, además, están en mayor medida en Fonasa, sujetos a largas esperas por atención.

Es fundamental entonces asegurar el buen uso de cada peso en salud, recursos que provienen de cotizaciones y de impuestos generales, como el IVA, que afecta especialmente a los más pobres. Sin embargo, las fiscalizaciones de la Contraloría han demostrado que ello no está ocurriendo, como es el caso de abuso de las licencias médicas en los sectores público y privado, develando, además, una mala gestión de recuperación de recursos por parte del Estado. Según la Dipres, solo en el nivel central del gobierno este mal uso equivale hasta ahora a cerca de 20 mil millones de pesos, es decir, al costo de 7.000 cirugías.

¿Cómo seguir? Primero, entender que poner consecuencias a los comportamientos inadecuados funciona, como se ha visto con la caída de la cantidad de licencias médicas emitidas. Segundo, que esto funciona solo si es permanente, ya que, en el pasado, escándalos como estos han tenido un impacto temporal, a diferencia de esta vez que se ha mantenido la fiscalización. Tercero, este es un problema extendido que, requiere abordarse de manera estructural.

¿Qué hacer? Establecer consecuencias mayores para los trabajadores en casos de abuso, asegurando recursos para quienes realmente lo necesitan. Generar estándares de reposo que sirvan de base para las fiscalizaciones y de orientación para emisores. Involucrar a los empleadores en el financiamiento de este subsidio, para que fiscalicen a sus trabajadores y generen condiciones para prevenir enfermedades. Incentivar el retorno laboral, definiendo un tiempo máximo para el subsidio (con excepciones para enfermedades más largas) y disminuyendo luego de ello el monto o proporción del sueldo que se cubre, entre otros.

A esto se suma la urgencia de aprobar los proyectos de ley que están en el Congreso, el que otorga a Fonasa su propia contraloría médica (homologando a lo que ocurre en Isapres) y el que iguala condiciones del subsidio para todos los trabajadores en orden a reducir el abuso, iniciativa que no se ha seguido tramitando, a pesar de la necesidad de avanzar.

Por Carolina Velasco, directora de Estudios de IPSUSS, Universidad San Sebastián