El inicio de un nuevo gobierno abre siempre un espacio de expectativas, pero también de definiciones complejas. En el plano legislativo, los primeros meses serán clave para ordenar prioridades y dar señales de gobernabilidad. El nuevo Ejecutivo deberá decidir qué proyectos ingresar, cuáles continuar, cuáles reformular y cuáles, derechamente, dejar atrás.

En este contexto, el ordenamiento de la agenda será fundamental. La fragmentación del sistema político obliga a priorizar reformas que cuenten con respaldo transversal y que apunten a resolver los problemas más urgentes que aquejan a la ciudadanía. Sin duda, reformas en materia de seguridad o de reactivación económica formarán parte de aquellas prioridades legislativas, sin perjuicio de todo lo que pueda realizarse a través de medidas administrativas. Por otro lado, sería deseable también que, en caso que la actual Legislatura no despache la reforma al sistema político en tramitación antes del 11 de marzo, se continúe con ella. Hoy existe una buena oportunidad para introducir cambios en dicha materia.

En cuanto a la agenda de seguridad, es destacable la aprobación de algunas iniciativas, tales como la que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado o la que fortalece el Ministerio Público. Ambos proyectos ya fueron despachados a ley por el Congreso. Sin embargo, qué ocurrirá con el Subsistema de Inteligencia Económica -donde el actual Ejecutivo ha insistido con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial- sigue incierto. Por lo demás, hay otras iniciativas en materia de seguridad en el Congreso que debieran seguir empujándose, como las Reglas del Uso de la Fuerza, sin perjuicio de nuevas que busque promover el gobierno entrante.

Respecto a la reactivación económica, serán fundamentales las señales que se entreguen en materia tributaria, laboral y de permisología. Sobre esto último, fuera de la implementación de la nueva Ley de Permisos Sectoriales, el futuro Ejecutivo, deberá tomar posición respecto a la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siendo deseable que se empujen cambios que apunten a un sistema más ágil, eficiente y que otorgue más certeza a los inversionistas. En materia laboral, el actual proyecto de Sala Cuna, por ejemplo, exige correcciones en su diseño para que no implique riesgos relevantes al empleo formal. Habrá que ver entonces las definiciones que se adopten respecto al mismo.

Por último, otro desafío que deberá enfrentar el gobierno entrante es el estrecho margen presupuestario, lo que limita el espacio para nuevas iniciativas de alto costo y exige un mayor énfasis en eficiencia y focalización.

En este escenario, el próximo gobierno tendrá la tarea de ejercer liderazgo y ordenar prioridades, mientras que el Congreso está llamado a actuar con responsabilidad frente a las necesidades reales de los chilenos.

Por Pilar Hazbun, Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo