En estos días, el Tribunal Calificador de Elecciones celebra un siglo de vida. Creado por la Constitución de 1925, promulgada el 18 de septiembre de ese año, el Tricel es uno de los pilares de la república moderna que nació hace cien años.

Hasta entonces, el Congreso era el encargado de dirimir los reclamos electorales, en un sistema marcado por la manipulación del gobierno y los partidos políticos. El sistema colapsó en 1920, con la dramática elección entre Arturo Alessandri y Luis Barros Borgoño. Con el Congreso deslegitimado, en medio de hechos de violencia y agitación callejera, los candidatos debieron improvisar un “Tribunal de Honor” para dirimir al ganador. Alessandri se impuso por apenas un voto electoral.

Cinco años después, en la Constitución de Alessandri, el Tricel fue un paso adelante para dejar atrás las mañas de la vieja república aristocrática.

Desde entonces, el Tricel es el árbitro de las elecciones. Las únicas excepciones fueron los plebiscitos fraudulentos de 1978 y 1980, ejecutados sin registros electorales ni tribunales calificadores que pudieran meter las narices.

El Tricel tiene un rol crucial. Es un seguro de vida de la democracia, una última salvaguarda para zanjar el momento más peligroso: cuando el resultado de las elecciones es controversial.

En los días de su centenario, dos fallos lo volvieron blanco de ataques: los de Daniel Jadue y Ximena Rincón. En ambos, los afectados reclamaron foul. Como en las histriónicas simulaciones del futbolista brasileño Neymar, rodaron por el pasto fingiendo una grave lesión, intentando presionar y deslegitimar al árbitro.

Una reacción tan repudiable como irresponsable.

Primero fue Jadue. El Partido Comunista inscribió su candidatura a diputado, pese a que está acusado por la Fiscalía por corrupción y que la Constitución suspende el derecho a sufragio para las personas acusadas de ciertos delitos.

El PC reclamó que la acusación se había presentado después del cierre del padrón electoral y que, al ser un acto administrativo y no un fallo judicial, inhabilitar a Jadue violaba su presunción de inocencia. Su candidatura fue aceptada por el Servel y el Tribunal Electoral Regional. Pero Renovación Nacional reclamó al Tricel y este lo inhabilitó.

Entonces vino la pataleta.

El Partido Comunista reclamó que “las representaciones deben ser resueltas por la soberanía popular”, y que “no se están respetando los derechos humanos” de Jadue. “La derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular”, acusaron, junto con respaldar que Jadue recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jadue calificó al Tricel como “un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.

Es una pataleta, porque el PC y Jadue sabían perfectamente que su candidatura era, por decir lo menos, discutible; una apuesta arriesgada que podían perder en el Tricel.

Pocos días después, la tortilla se dio vuelta.

Demócratas inscribió la candidatura de Ximena Rincón al Senado, pese a que la Constitución prohíbe a los senadores postular a un tercer período consecutivo, y que Rincón ya había sido elegida para ese cargo en 2009 y 2017.

Demócratas reclamó que, según la Constitución, un período solo cuenta cuando se ha “cumplido más de la mitad de su mandato”. Decían que Rincón dejó el Senado justo a mitad de su primer período (el 11 de marzo de 2014) para asumir como ministra de la Segpres.

Los partidos oficialistas (incluido el mismo Partido Comunista que acusa al Tricel de violar derechos humanos cuando sus fallos no le gustan) y la Democracia Cristiana fueron al Tricel, reclamando que el 11 de marzo de 2014, antes de asumir como ministra, Rincón asistió a la ceremonia de instalación del Senado y votó por su mesa directiva, con lo que habría cumplido la mitad de ese mandato.

El Tricel dio la razón a ese alegato, e inhabilitó a Rincón.

Entonces vino la pataleta.

Las frases son indiferenciables de las de Jadue y el PC. Rincón acusó al oficialismo de “esconderse tras un fallo judicial para eliminar a un competidor”. Su compañero de lista en el Maule, Juan Antonio Coloma, habló de una “presión brutal del oficialismo para ganar un cupo que iban a perder en las urnas”.

Rincón también dijo que el oficialismo quería “ganar por secretaría”. El presidente de la UDI, que un par de días antes celebró la exclusión de Jadue, ahora apuntó a que “quedar fuera por problemas administrativos atenta contra la voluntad soberana de los chilenos”, y recordó cuando la DC inscribió mal a sus candidatos y hubo un acuerdo político para permitirles competir.

El argumento es falaz. Aquí no faltó un timbre ni se traspapeló un documento; lo que se discute es el cumplimiento de una norma de fondo, que limita las reelecciones.

También atacaron a uno de los ministros, Gabriel Ascencio. Según la Constitución, el Tricel está formado por cuatro jueces de la Corte Suprema y un expresidente o vicepresidente del Senado o la Cámara de Diputados. Ese último cupo ha sido ocupado antes por políticos como Sergio Romero, Jaime Gazmuri, Jorge Burgos, Luis Pareto y Mario Ríos.

Pero ahora, como Ascencio fue uno de los tres votos contra Rincón, el fuego fue contra él. El senador demócrata Matías Walker lo acusó de ser “un ministro político, militante de toda su vida en la Democracia Cristiana”.

Ex-Ante tituló: “Las comprometedoras huellas del operador del Tricel”. Las “huellas” en cuestión son un tuit irónico sobre la plataforma “Centroizquierda por el Rechazo” y sus opiniones sobre elecciones pasadas.

¡Increíble, escandaloso!: ¡mientras ejercía como político, Ascencio emitió opiniones políticas!

La Constitución establece que ese cupo corresponde a un expolítico. Si ahora, después de 35 años sin cuestionarla, súbitamente no les gusta esa regla, entonces cambien la Constitución (dato curioso: el proyecto de la Convención lo eliminaba, y establecía que los cinco jueces fueran designados por el Consejo de la Justicia).

Las volteretas por el pasto, a lo Neymar, están de más. Jadue y Rincón hicieron una apuesta arriesgada, y perdieron. Punto final.

Sacarse los pillos apuntando con el dedo a esos jueces, y acusando sesgo político para un lado u otro, es de malos perdedores. Cambiar de argumento en un par de días, dependiendo de a quién perjudica un fallo, es el súmmum de la hipocresía.

Y deslegitimar al árbitro es de una irresponsabilidad supina. Es dinamitar el seguro de vida que protege nuestra democracia.