SEÑOR DIRECTOR:
En febrero entrará en vigencia la denominada Ley Uber, destinada a regular a las aplicaciones de transporte. Entre las exigencias que impondrá, por medio del reglamento que se ha propuesto, se encuentra que no podrán registrarse vehículos con una cilindrada menor a 1.400 CC, ni tampoco que sean de antes de 2017 (después de un tiempo se exigirá que todo vehículo que realice su adscripción por primera vez deberá ser nuevo). Tampoco podrán los vehículos inscritos en una región moverse y operar en otras regiones, y todos los conductores deberán obtener una licencia de conducción profesional. La combinatoria de todas las nuevas exigencias, se ha estimado, dejará sin posibilidad de conectarse a la app a uno de cada dos conductores, lo que en la práctica implicará que el 88% de los viajes que se realizan actualmente dejarán de estar disponibles.
Como toda regulación, esta ley busca resguardar un bien considerado valioso, que, en este caso, es la seguridad tanto de pasajeros como de conductores. Sin embargo, toda regulación enfrenta trade-offs, es decir, para lograr su propósito, debe necesariamente sacrificar otros bienes, también considerados valiosos. La Ley Uber pareciera ser a todas luces un ejemplo de una aproximación sobrerregulada a un problema público. ¿Acaso el regulador no debiera, para evaluar la conveniencia de dicha regulación, también poner en la balanza la pérdida de bienestar por parte de millones de pasajeros que deberán pagar viajes más caros debido a la menor oferta y a los más de 100.000 conductores que perderán una potencial fuente de generación de ingresos? En última instancia, una mala calibración de los costos y beneficios de una política puede terminar reduciendo el bienestar agregado, afectando negativamente a quienes deseaba beneficiar.
Patricio Órdenes
Profesor investigador Faro UDD
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