La evidencia comparada muestra que el fortalecimiento del poder de las organizaciones criminales es un fenómeno multicausal, que se explica, entre otras dinámicas, por la ausencia, negligencia o corrupción estatal y, aunque sea contraintuitivo, por políticas de “mano dura”. De hecho, en varios países de América Latina, las respuestas hiperpunitivas para abordar el crimen organizado, no solo han fracasado en contener la expansión criminal, sino que, muchas veces e incluso desde las cárceles, han fortalecido su capacidad adaptativa fragmentando el tejido institucional y normalizando su presencia territorial. Colombia, México o Ecuador evidencian que estas estrategias incrementan la violencia letal y estimulan la diversificación de los mercados ilícitos. La “mano dura”, entonces, funciona como recurso de rentabilidad política inmediata, más que como política criminal seria y basada en evidencia. Además, el crimen organizado no solo se manifiesta a través de hechos visiblemente violentos -como balaceras, homicidios o secuestros, sino también en su impacto institucional a través de la infiltración estatal. Por tanto, si ambas expresiones no se enfrentan a tiempo, la seguridad y la propia democracia corren peligro.

Esta constatación revela la necesidad de contar con dispositivos institucionales, jurídicos y metodológicos capaces de comprender nuevas configuraciones delictivas e implementar herramientas efectivas, superando el carácter improvisado que ha venido evidenciando la política criminal chilena en estas materias.

En consecuencia, se requiere poner atención en aspectos previos que son ineludibles:

-Definir qué entendemos por crimen organizado: los operadores del sistema penal necesitan un concepto que supere la idea mínima de dos o más sujetos concertados en una actividad criminal. Una definición clara favorece a la propia persecución penal y proporciona un marco de seguridad jurídica.

-Seguir la ruta del dinero: es preocupante la persistente resistencia a fortalecer instrumentos de investigación criminal, como el levantamiento del secreto bancario. No se trata de vulnerar la privacidad de las personas, sino de dotar al Estado de herramientas eficaces para investigar mafias que operan con sofisticación y sigilo.

-Identificar cómo las tecnologías emergentes moldean el crimen: desarrollos tecnológicos como el big data, los criptoactivos o la inteligencia artificial, han llevado a sostener que el fenómeno debería entenderse más bien como un crimen “desorganizado”, dada la descentralización, la deslocalización y el anonimato que estas tecnologías permiten. La operación criminal es diferente según el nivel tecnológico que utilicen; y la investigación y persecución penal también varía.

En suma, para desarrollar una política criminal eficaz no es suficiente la investigación sobre estrategias criminales en otros países. Debemos conocer de qué forma las realidades locales moldean el crimen; cuáles son los tipos de delitos que se cometen en la zona norte o centro del país; en qué sectores circulan capitales sospechosos, etc.

Aún estamos a tiempo de impedir que el crimen organizado se convierta en una forma de gobierno; debemos reaccionar antes de que sea tarde.

Por Roberto Navarro y Romina Ramos de Núcleo Milenio en Complejidad Criminal y académica en Universidad de Tarapacá; Alejandra Luneke de Núcleo Milenio en Complejidad Criminal y académica en Universidad Mayor