SEÑOR DIRECTOR
Se deben dar dos pasos claves -y, por cierto, complejos- para que el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia se transforme en la institución que acaba con las vulneraciones de Sename.
Primero, establecer un sistema de protección que aún no existe, cuya piedra angular es la generación de entornos de crianza integral -desde habilidades parentales y apoyo al cuidado familiar, hasta robustos sistemas de educación, salud y programas especializados-, que eviten bajo toda circunstancia la vulneración de derechos, desde una mirada preventiva. El Servicio es la última compuerta de ese sistema, que depende radicalmente de una Ley de Garantías pendiente.
Segundo, atender los elementos que la Ley no resuelve: impedir toda forma de participación de organismos colaboradores o personas implicadas en la vulneración de derechos; eliminar los incentivos perversos en el financiamiento (ej. subvenciones); atraer y retener a profesionales de primer nivel en cada una de las funciones del Servicio; articular sistemas de información; generar mecanismos de supervisión avanzados que gestionen riesgos; y, por sobre todo, sistemas de acompañamiento, coordinación y articulación que aseguren que el Estado es el responsable final de la protección de los niños y niñas.
Por supuesto, el foco de cada una de estas actividades debe ser la intervención (diseñada en base a evidencia), poniendo todos los esfuerzos en la reparación y no repetición de los daños provocados y la restitución de derechos.
Estemos a la altura del desafío con la justicia, dignidad y probidad que los niños y niñas merecen.
Macarena Andrade M.
Directora de Proyectos y Estudios
Laura Gutiérrez F.
Investigadora Centro de Sistemas Públicos (CSP)
Ingeniería Industrial, U. de Chile
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