Chile iniciará un nuevo ciclo político. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, necesitamos que este gobierno tenga éxito en impulsar un desarrollo económico sostenible y equitativo. La historia es clara: los avances los logran países capaces de mantener políticas económicas estables, previsibles y orientadas al largo plazo, que corrigen errores pero no rehacen todo en cada ciclo.

Corea, Finlandia o Singapur muestran que la continuidad en políticas de innovación y educación es fundamental para el crecimiento sostenido y la reducción de la desigualdad.

Chile, con un PIB per cápita de US$ 16.400 y proyecciones de crecimiento apenas sobre el 2%, no debe especular con cambios bruscos que pongan en riesgo la confianza de inversionistas y ciudadanos. Será más fácil recuperar la productividad y la inversión, evolucionando que revolucionando.

El nuevo gobierno hereda dos dilemas clave en educación. El primero es qué hacer con reformas como la ley de inclusión. La evidencia en Irlanda, Estonia y partes de Canadá sugiere que la selección aleatoria en educación básica puede reducir la segregación social y mejorar la equidad, pero requiere criterios inteligentes y transparentes.

El segundo es el rol de los actores privados sin fines de lucro. En Bélgica y Holanda, más del 50% de los estudiantes asisten a escuelas privadas subvencionadas y sin fin de lucro, con altos estándares de calidad y equidad. En Holanda, las escuelas privadas reciben financiamiento público, no pueden cobrar matrículas adicionales y deben cumplir estrictos requisitos pedagógicos. El resultado: uno de los sistemas más inclusivos y mejor evaluados en las pruebas PISA.

En materia ambiental, hay que racionalizar los trámites que hoy retrasan proyectos de inversión clave, especialmente en minería y energía. Sin embargo, cualquier ajuste debe considerar que la protección ambiental tiene un claro respaldo ciudadano y de autoridades locales. Nadie quiere vivir cerca de un basurero.

La solución no está en debilitar normas ambientales, sino hacerlas más inteligentes aprendiendo de errores del pasado. Por un lado, hay que reconocer que hay decisiones políticas, pero que estas deben ocurrir en el momento oportuno, no siempre al final como hoy. Hay que agilizar procesos con criterios técnicos y promover la participación ciudadana temprana en la que estén las contrapartes efectivamente afectadas. Habrá seguramente una contraparte financiera. El gasto público en medio ambiente en Chile sigue siendo bajo (0,1% del PIB vs 0,6% de la OCDE). Esto limita la capacidad de respuesta efectiva a demandas sociales.

Chile no necesita reinventar la rueda, sino ajustar el rumbo con pragmatismo. El éxito del nuevo gobierno se medirá si logra estabilizar las bases institucionales para que Chile recupere su potencial de crecimiento. En un mundo incierto, una agenda ambiciosa que busque la previsibilidad sería un gran activo país.

Fome quizá. Pero para los humoristas está la Quinta Vergara.

Por Guillermo Larraín, FEN Universidad de Chile