La crisis política peruana no solo persiste, se agrava. La reciente vacancia contra Dina Boluarte y la instauración de un gobierno de transición liderado por el presidente del Congreso, José Jerí, no ha apaciguado la calle, que sigue demandando acciones concretas contra la inseguridad y un liderazgo ajeno a las fuerzas políticas que dominan en el Parlamento.

En las últimas horas, antes del cierre de esta columna, se confirmó que el joven manifestante Mauricio Ruiz fue asesinado de un disparo por un policía el miércoles 15, durante una de las más grandes movilizaciones en Lima de los últimos años. Ante eso, es incierto cuánto más se extenderá la protesta, elevando el costo social de esta crisis.

La respuesta de la mayoría parlamentaria frente al asesinato de un manifestante fue mantener el statu quo. Los legisladores rechazaron con más de 60 votos debatir la moción de censura contra la Mesa Directiva, que hubiera significado la salida de Jerí de la Presidencia en menos de una semana. Ese mismo Congreso, que alcanza 89% de desaprobación de los peruanos, según Ipsos, y que hoy intenta desmarcarse del saliente gobierno de Boluarte por la ineficiencia para luchar contra la delincuencia, es el mismo que aprobó leyes que favorecen al crimen organizado, un pasivo que salpica al propio Jerí.

A seis meses de las elecciones generales de 2026, el panorama es sombrío. El Ejecutivo está en manos del Congreso sin que esta institución haya aceptado su responsabilidad en la crisis ni mediado un consenso nacional sobre el camino a tomar. La impresión popular es que todo sigue igual, pese al cambio de fichas en el tablero. La indignación no cesará, porque el foco del repudio sigue intacto. El riesgo es volver a elegir en medio de la ingobernabilidad.

Por Francesca García D, periodista, docente y politóloga peruana.