El último debate presidencial se centró en los principales problemas económicos y sociales del país y en las promesas de campaña de cada candidato. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de cualquier referencia a las cifras que entrega el informe de la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la Pobreza: aplicando la metodología actualizada a los datos de 2022, la pobreza por ingresos alcanzaría 22,3% y la pobreza multidimensional llegaría a 24,6%. Estas cifras muestran que adecuar la medición al nivel de desarrollo del país implica reconocer una realidad más exigente que la que reflejan las cifras oficiales. Que este tema no haya aparecido en el debate evidencia una distancia entre la conversación política y la evidencia disponible.

Esa distancia no es casual. El informe parte de una constatación incómoda: Chile exhibe hoy la menor tasa oficial de pobreza monetaria entre los países de América Latina y Norteamérica, incluso por debajo de Canadá y Estados Unidos. Esta diferencia no refleja un mayor bienestar, sino una línea de pobreza menos exigente que la utilizada por países con niveles de desarrollo similares. La metodología vigente se ha ido alejando del estándar que debiera reflejar las condiciones reales de vida, y ese desajuste ha permanecido invisible en la discusión pública. El informe obliga a enfrentarlo.

El valor del informe también está en su continuidad institucional. No surge como una corrección coyuntural, sino como una actualización que retoma el camino abierto con la incorporación de la pobreza multidimensional en 2013. La comisión reafirma que estas revisiones periódicas no solo son necesarias, sino parte de un compromiso técnico e institucional que trasciende gobiernos. En la práctica, continúa una línea de trabajo que Chile ya había iniciado y que permite resguardar la comparabilidad, transparencia y legitimidad de las cifras de pobreza.

A esta continuidad se suma otro punto central: el país ha cambiado y su sistema de medición debe acompañar ese cambio. Mantener estándares que no reflejan el nivel de desarrollo alcanzado conduce a subestimar las privaciones reales. En el caso de la pobreza por ingresos, el informe propone actualizar la canasta básica, introducir una canasta saludable, eliminar el alquiler imputado y diferenciar entre hogares arrendatarios y propietarios. Estas modificaciones, responden a una premisa simple pero fundamental: una sociedad que progresa requiere métricas que reflejen ese progreso.

La legitimidad del proceso también proviene de la composición de la comisión, integrada por diez especialistas con trayectorias diversas en pobreza, cohesión social y políticas públicas. Su carácter transversal, sin cuotas partidarias, favoreció que las recomendaciones surgieran desde un consenso técnico. Esa diversidad de miradas —provenientes de la academia, centros de estudio, organizaciones sociales y experiencia pública— fortaleció las conclusiones y facilitó que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia adoptara una parte importante de las sugerencias, abriendo un camino para avanzar hacia un estándar más riguroso.

Si bien el informe reafirma que las mediciones oficiales siguen siendo la pobreza de ingresos y la pobreza multidimensional, la inclusión de indicadores complementarios aporta una visión más completa. La comisión propone medir pobreza severa, vulnerabilidad a la pobreza y otras expresiones de privación que no quedan plenamente capturadas por los indicadores tradicionales, lo que permite identificar riesgos y trayectorias que requieren intervenciones integradas. No obstante, el documento avanza menos en la incorporación de desarrollos conceptuales recientes —particularmente en grados de vulnerabilidad y desventajas acumuladas— que han sido consolidados por la investigación académica en la última década. Una integración más sustantiva de estos enfoques habría fortalecido el marco analítico de la propuesta.

En un contexto donde el debate público tiende a fragmentarse entre promesas y diagnósticos parciales, el informe recuerda algo esencial: medir bien es una condición para gobernar bien. Actualizar cómo medimos la pobreza no solo mejora un indicador; fortalece la capacidad del Estado para comprender el bienestar, orientar políticas y garantizar que nadie quede invisibilizado por herramientas que ya no reflejan la realidad social. Ignorar esta evidencia no solo distorsiona el diagnóstico: limita las soluciones.

Por Dante Contreras, FEN, Universidad de Chile y Joaquín Prieto, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile