Presiones por mayor gasto fiscal

Frente a las presiones de parlamentarios por mayor desembolso de recursos públicos, hay expectación de si el gobierno será capaz de contenerlas o cederá. De ello depende que el crecimiento del gasto en el presupuesto 2023 sea un techo o un piso.



La discusión presupuestaria entra en la última etapa de tramitación en el Senado, después de un álgido debate en la Cámara de Diputadas y Diputados. El presupuesto 2023 es el primer erario elaborado por el gobierno del Presidente Boric, ya que la administración entrante hereda de la anterior el presupuesto que ejecuta en su primer año de mandato.

El gobierno anterior debió ajustar el presupuesto 2022 en más de un 20% -algo que luego ratificó el Congreso-, con el fin de retomar los niveles compatibles con la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Durante el presente año las presiones inflacionarias y sus consecuencias negativas en el poder adquisitivo de las familias, fueron un aliado importante del Ministerio de Hacienda para contener la expansión del gasto. Y si bien parece meritorio terminar el año con un superávit fiscal, esto se debe principalmente tanto a que los ingresos efectivos serán superiores a los proyectados, como al hecho de haber respetado el ajuste fiscal propuesto por la administración anterior.

Para el año 2023, el Banco Central espera una contracción de la economía que podría fluctuar entre 0,5 y 1,5%. Las presiones políticas para aumentar el gasto, tal como las observadas recientemente en la Cámara, previsiblemente aumentarán cuando este ajuste económico comience a llegar a las familias. Lo preocupante es que esas presiones ya las comenzamos a ver. En efecto, los parlamentarios, a pesar de haber firmado un protocolo de acuerdo en la Comisión Mixta de Presupuestos, no lo respetaron, pues de hecho presentaron una indicación inconstitucional para aumentar el gasto público en cerca de US$ 1.400 millones y así subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, lo que buscan materializar a partir de enero del 2023.

Cabe no perder de vista que en abril próximo se levantará la restricción para presentar proyectos para un nuevo retiro de las cuentas individuales de las AFP. La reforma de pensiones recientemente dada a conocer estará en pleno proceso de discusión, la cual hasta aquí no ha incorporado medidas explícitas para contener futuros retiros. Detener estos rescates representa una tarea políticamente compleja y acarrea costos fiscales considerables. Recordemos que en 2021 al Fisco le costó cerca de US$ 10 mil millones frenar el cuarto retiro, extendiendo el Ingreso Familiar de Emergencia universal hasta diciembre de ese año. Esto fue el equivalente a haber aumentado el gasto público en más de 10%.

Contener las presiones para mantener la responsabilidad fiscal es una tarea que pondrá a prueba la fortaleza de la nueva administración, sobre todo en momentos donde la economía se está contrayendo, el desempleo aumenta y el gobierno mantiene una baja aprobación ciudadana. Los agentes económicos locales e internacionales estarán atentos a las señales del Ejecutivo en esta materia. Si el gasto fiscal de 4,2% para el 2023 será en definitiva un techo o un piso, lo cierto es que el peso de la prueba lo tiene por primera vez esta administración con su propio diseño.

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