Tal como ya se había previsto, el proyecto de ley elaborado por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, destinado a racionalizar la estructura de sueldos al interior del Congreso fue declarado inadmisible por la mesa de la Cámara Alta, por tratarse de una materia que debe contar con el patrocinio del Ejecutivo. A pesar de que Ossandón ha insistido en que el Mandatario tomó el compromiso de patrocinar esta iniciativa, la ministra Secretaria General de la Presidencia hizo ver que aún no se ha adoptado una decisión en ese sentido, con lo cual el proyecto parece haber quedado de momento sin piso político. Esto se refuerza por el hecho de que varios senadores han expresado su desacuerdo en la forma como Ossandón está llevando este debate, en tanto que diversas asociaciones de funcionarios del Congreso han rechazado esta iniciativa, alegando que hay un maltrato y que se desconoce el trabajo que respecto de las remuneraciones han venido realizado mesas técnicas.

A nivel de opinión pública este debate se ha conocido como los “supersueldos”, pues según se ha podido determinar más de 180 funcionarios -considerando el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso- obtienen remuneraciones por sobre las que reciben el Presidente de la República -$7 millones brutos- o los mismos parlamentarios. Así, hay dos casos con sueldos de $17,5 millones, ocho que reciben más de $15 millones, 37 con rentas superiores a los $14 millones y 97 con una remuneración de $6,9 millones, por mencionar algunos de los tramos.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de la administración pública, los funcionarios del Congreso cuentan con autonomía administrativa y presupuestaria, lo cual no solo permite que las remuneraciones y asignaciones se definan según escalas que fija este poder del Estado, sino que también puede definir su planta. El proyecto de Ossandón apunta a establecer una nueva planta al interior del Congreso, con remuneraciones más acordes a la realidad del país y de la administración pública, pero sin alterar los sueldos de los actuales funcionarios, lo que en sus orientaciones generales va en la dirección correcta.

Las asociaciones de funcionarios defienden la estructura de remuneraciones pues a su juicio el trabajo que allí se realiza es altamente especializado, y si bien las funciones son desempeñadas en general con alto grado de profesionalismo, es difícil sostener que ello justifique remuneraciones tan abultadas que no encuentran parangón con lo que ocurre en la administración pública, donde también se desempeñan funcionarios altamente calificados, pero con remuneraciones en general inferiores a lo que se observa en el Congreso.

Es del todo razonable avanzar hacia estructuras de sueldos y plantas más unificadas en el sector público, donde las remuneraciones respondan a criterios de productividad y competencias específicas -en este contexto es lícito pensar que puede haber algunos funcionarios que justifiquen rentas elevadas, tal como ocurre en el sector privado- evitando estas discrecionalidades que muy probablemente la ciudadanía siente como privilegios indebidos.

Le corresponde al Ejecutivo entonces tomar la iniciativa para que el tema se reactive, donde también cabe esperar que la actitud de los propios funcionarios -por el bien de la propia institución parlamentaria- no se convierta en una traba.