El Caribe ha vuelto a convertirse en escenario de tensiones militares con el despliegue de buques de guerra estadounidenses cerca de Venezuela. El último episodio de esta saga fue el ataque dirigido contra una embarcación de narcotraficantes el martes pasado. Un ataque que dejó once muertos, todos miembros del Tren de Aragua.

Es natural sentirse tentado a aplaudir estas medidas frente a la amenaza del crimen organizado en la región y la expansión del Tren de Aragua en Chile. Todos queremos que alguien actúe. Pero ceder a esa tentación nos puede conducir por un camino peligroso: la erosión del Estado de Derecho. Operaciones como estas, aunque efectivas, son legalmente dudosas y abren la puerta a un mundo donde los Estados podrían simplemente eliminar –con armas- a personas acusadas de narcotráfico, abandonando las reglas que sostienen nuestro orden internacional.

Respecto al mar, la norma básica es que los barcos tienen la nacionalidad del Estado cuya bandera enarbolan y, en alta mar, ese Estado ejerce jurisdicción sobre ellos. Por lo tanto, si la embarcación del Tren de Aragua navegaba con bandera venezolana, Estados Unidos tenía la obligación de coordinar previamente sus acciones con Caracas. Obviamente, en los hechos, eso es una quimera. Entonces, la alternativa para Estados Unidos era detener a la embarcación sospechosa e inspeccionarla a bordo, tomando medidas contra los narcotraficantes a bordo. En ningún caso, la Convención sobre el Derecho del Mar autorizaría el uso de fuerza letal.

Queda entonces la pregunta de si existían otras normas del derecho internacional que habrían permitido a Estados Unidos justificar su ataque en alta mar. Una opción para el gobierno de Trump habría sido invocar un derecho a la legítima defensa frente a organizaciones terroristas. De hecho, probablemente con ese propósito, Washington designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. Sin embargo, resulta dudoso que las actividades del Tren de Aragua puedan calificarse como un “ataque armado” que habilite el ejercicio de la legítima defensa para destruir un barco de nacionalidad venezolana. Y aún si aceptáramos esa proposición, difícilmente el uso de fuerza letal, en este caso, superaría el test de proporcionalidad.

En cualquier caso, la operación levanta serias dudas desde la perspectiva de los derechos humanos. Estados Unidos podría probablemente haber intentado detener a sus tripulantes para una investigación penal y un eventual juicio.

Las bandas de narcotraficantes representan una amenaza grave. Esta columna no busca discutir las facultades que tienen los Estados, dentro de su territorio, para reprimir el narcotráfico. Sin embargo, en alta mar, las acciones de los Estados están sujetas a las normas de derecho internacional, cuyo respeto interesa a toda la comunidad internacional. Por lo tanto, la lucha internacional contra las bandas de narcotráfico no puede hacerse a costa de vaciar de contenido las normas que rigen el derecho del mar y uso de la fuerza fuera del territorio nacional.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal