En votación dividida, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que extiende el permiso postnatal parental a 40 semanas adicionales para las madres, además de ampliar el permiso pagado de los padres a 30 días. Aunque a primera vista puede parecer una medida de protección infantil, encierra complejas implicancias fiscales, laborales e institucionales que exigen un análisis riguroso.

El diseño del proyecto establece un subsidio decreciente: 28 semanas con el 100 % de la remuneración, seguidas por doce semanas al 80 % y otras doce al 60 %. También modifica el régimen del padre, incorporando un tramo obligatorio y otro flexible dentro del primer año del hijo. Sin embargo, estos beneficios tienen costos significativos, tanto para el Estado como para la estructura del empleo formal.

La primera objeción es constitucional. La moción fue declarada inadmisible por la Secretaría de la Cámara al invadir materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, como la seguridad social y la administración financiera del Estado. No obstante, la Sala revirtió ese dictamen, sentando un preocupante precedente que socava la arquitectura institucional y los controles sobre el gasto público.

Desde lo fiscal, el escenario es preocupante. El Ministerio de Hacienda advirtió que el proyecto podría implicar un gasto de $ 250 mil millones anuales, sin respaldo financiero ni estudios de impacto. En un país con bajo crecimiento y creciente envejecimiento poblacional, aprobar medidas de alto costo y retorno decreciente es una irresponsabilidad.

En el plano económico y laboral, las señales son igual de inquietantes. La participación laboral aún no se recupera del impacto de la pandemia, con 220 mil empleos menos que en 2019, una informalidad persistente del 26 % y una tasa de desocupación del 8,8 %. Es un retroceso que nos lleva a niveles de 2012, y cuyas consecuencias afectan especialmente a las mujeres.

El 38 % de las mujeres inactivas entre 15 y 60 años están fuera del mercado laboral por responsabilidades familiares, frente a solo un 3 % de los hombres (Encuesta Nacional de Empleo). Y cuando menos del 1 % de los permisos postnatales son traspasados al padre, pensar que la extensión propuesta impulsará corresponsabilidad es ilusorio. Más bien, esta medida refuerza estereotipos de género, incrementa el costo de contratar mujeres en edad fértil y profundiza brechas ya existentes.

Los argumentos técnicos también son contundentes. Diversos estudios europeos muestran que los beneficios sociales del postnatal parental tienden a disminuir después de los nueve meses. Más allá de ese umbral, los efectos sobre la salud infantil o el apego se estabilizan, mientras los costos y las inequidades aumentan, beneficiando principalmente a trabajadores formales con mayores ingresos.

Todo esto ocurre en un país que ha transitado desde un crecimiento anual del 5 % en la década pasada a un 2 % en 2024, con una inversión que pasó de crecer al 7 % a apenas el 1,5 %. A ello se suman dos reformas que agravan el panorama: la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional, ambas con impactos negativos en productividad, salarios reales y formalización del empleo.

En definitiva, legislar sin evidencia técnica ni conciencia fiscal, por intuición o presión mediática, es una fórmula para el fracaso. Chile necesita más mujeres trabajando y políticas públicas que equilibren derechos con sostenibilidad. Este proyecto, tal como está planteado, avanza en la dirección contraria.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC