Por Cecilia Morán, Doctora en Historia, Investigadora CEUSS, Universidad San Sebastián

Diversos momentos, procesos, inflexiones históricas y actores han determinado las políticas educacionales que se han seguido en Chile desde los inicios de la república. Así, por ejemplo, el paso de un régimen político a otro; guerras internas y externas; luchas sociales, entre otros, han sido factores influyentes en ese camino. En aquel contexto tampoco se puede olvidar la importancia que ha tenido la educación privada, la que desde el siglo XIX ha presentado oportunidades a millones de chilenos, además de ampliar la oferta en lo que a enseñanza se refiere.

En la segunda mitad del siglo XIX, cuando el país comenzaba su etapa de modernización, se promulgaron leyes y se dio inicio a transformaciones de primera importancia, como cuando en 1880 comenzó la implementación de la primera reforma educacional, contexto en el cual se creó la Escuela Normal de Profesores Secundarios y el Instituto Pedagógico, se invirtió en la contratación de profesores extranjeros, se inició un amplio plan nacional de edificación de escuelas y otras tantas medidas que poco a poco fueron impulsando la ampliación de la educación formal de los chilenos.

Luego, en 1920, la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que exigió a los padres o tutores enviar a la escuela a los niños de entre 6 y 12 años por un período de al menos 4 años, no solo significó  uno de los hitos más grandes en esa materia, sino que en el corto y en el largo plazo, producto de la nueva obligación, se abrieron debates en torno a otros temas como el trabajo y condiciones laborales de los niños y jóvenes, la situación de indigencia, el abandono, la enfermedad y pobreza en la que miles de ellos se encontraban, entre otros asuntos de primera importancia a nivel social.

Otro asunto relevante tiene que ver con la ampliación de la educación universitaria privada en el país, la que, al menos desde los años ochenta, ha crecido y entregado valiosas opciones de desarrollo profesional y proyecciones en el largo plazo a los jóvenes chilenos. Así, por ejemplo, según la encuesta CASEN de 2017, del total de los jóvenes de entre 18 y 24 años que asisten a educación superior en el país, un 46,7% pertenece a instituciones privadas.

Con todo, pese a los esfuerzos generales suscitados a lo largo del tiempo, han persistido varias problemáticas que es necesario considerar para seguir avanzando. Una de ellas es la deserción escolar, la que hoy está asociada a un conjunto de factores que inciden en su origen: trabajo infantil, embarazo adolescente, consumo de drogas y alcohol, ausencia de red de apoyo familiar, etc. Además, es importante advertir que el ausentismo crónico -ausentarse más de 20 días a clases a lo largo del año-, viene a ser uno de los gérmenes de la misma, porque no solo perjudica el proceso de aprendizaje, sino que también daña el sentido de pertenencia a una comunidad y expone al alumno al riesgo de abuso de sustancias dañinas para su bienestar físico y emocional.

Al revisar las cifras, vemos que en 2019 cerca de 186.000 niños y jóvenes de entre 6 y 21 años se encontraban en situación de no haber completado su educación formal y sin estar matriculados en un colegio. Luego, en 2020, con 40.000 nuevos no matriculados, los números volvieron a mostrar que la problemática es persistente y que, en medio del contexto de pandemia Covid-19, se hace aún más compleja de abordar. Así, considerando el sistema de clases telemáticas implementado desde el 2020, hay que empezar a trabajar teniendo en cuenta las nuevas condiciones en las que los escolares están asistiendo -o han dejado de hacerlo- a colegios y liceos. En base a ello, es urgente pensar y tomar soluciones.

En ese contexto, en el transcurso del pasado mes de agosto la prensa entregó una noticia: el Ministerio de Educación junto a la Universidad de Chile dieron inicio a la implementación de un sistema destinado a evitar que niños, adolescentes y jóvenes abandonen la escuela. El programa, que funcionará a nivel nacional, se denomina Sistema de Alerta Temprana de Abandono Escolar (SAAT) y viene a entregar una luz de esperanza para esos miles de niños, jóvenes e incluso de adultos que no han podido terminar sus estudios escolares y que nuevamente se habían animado a hacerlo participando del sistema nacional de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA). El grupo que ha estado a cargo de las bases y lineamientos del mismo es transversal y está compuesto por expertos en educación y por académicos; desde 2020 ellos mismos han trabajado en propuestas orientadas a detectar de manera oportuna el riesgo de deserción escolar, otorgar herramientas a escuelas y liceos que propicien la retención y en medidas de reinserción dirigidas a quienes ya están fuera del sistema.

Es de esperar que la iniciativa se efectúe de la mejor forma posible en todo el territorio nacional porque, considerando que vivimos en un periodo de cambios, puede llegar a tener un impacto positivo no solo en las cifras ya mencionadas, sino que, más allá de eso, en el bienestar social, cultural y económico del país.