El próximo gobierno deberá enfrentar las tres crisis de Venezuela: (1) la crisis migratoria, imposible de gestionar plenamente mientras no vuelva la democracia; (2) la amenaza a la seguridad regional, creada y promovida por la dictadura a través del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico; y (3) las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El futuro gobierno deberá diseñar una “Política de Venezuela” que se haga cargo de la crisis migratoria y de seguridad y, al mismo tiempo, mantenga una voz firme en defensa de la democracia y los DD.HH. No es fácil: las políticas de Bachelet, Piñera y Boric fueron criticadas, porque estas dimensiones suelen tensionarse. El pragmatismo nos dice que debemos mantener ciertos vínculos con el régimen de facto para gestionar la migración y tener una voz útil en una eventual transición. El principismo nos exige una postura clara sin dar gota de oxígeno a Maduro. Quienes han optado solo por el pragmatismo han descubierto que Maduro no es un socio confiable y han renunciado a sus principios con pocos beneficios a cambio. Los principistas, firmes en sus convicciones, tienen hoy la conciencia tranquila, pero se han vuelto testimoniales y acumulan problemas prácticos con Venezuela.

EE.UU., bajo su actual administración, traza un nuevo camino basado en la amenaza o el uso de la fuerza. Es una vía unilateral, muy alejada del derecho internacional y cargada de riesgos para la región. Ya lo vivimos en Panamá, Haití y Granada. Ojalá me equivoque.

Entonces, ¿qué hacer a partir del 11 de marzo?

Lo primero es reafirmar que la solución debe darse dentro del derecho internacional. La urgencia o la frustración —e incluso que el otro no respete las reglas— no justifican ignorarlas. En el derecho interno esto es evidente: que alguien viole la ley no nos autoriza a cometer delitos en represalia. En el plano internacional ocurre lo mismo. Sin normas esenciales como la integridad territorial, América Latina volvería a una época en que las relaciones se resolvían por la fuerza, y mañana Chile podría ser víctima de lo mismo.

Lo segundo es apoyar a la oposición venezolana para que ejerza plenamente el poder que ganó democráticamente. Para ello, debemos activar —en coordinación con otros Estados— el abanico entero de herramientas políticas y jurídicas que permite el sistema internacional, desde mecanismos multilaterales hasta sanciones colectivas.

Lo tercero es no perder el pragmatismo necesario para enfrentar los problemas actuales, especialmente la migración. El cierre de los consulados tuvo un costo enorme y deben restablecerse canales operativos con el régimen, aunque nos duela.

Es probable que la solución no venga de América Latina. Serán las grandes potencias con intereses en ese país las que abran el camino hacia una transición democrática. El rol de Chile es limitado, pero no irrelevante. El centro de nuestra acción debe estar siempre en el interés nacional, lo que hoy requiere pragmatismo, pero sin renunciar a una política exterior basada en principios, incluyendo la defensa de los DD.HH. y la vigencia del derecho internacional siempre.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal