SEÑOR DIRECTOR:
El Presidente Boric está tropezando con la misma piedra, y esto no puede pasarse por alto. En medio de la crisis de seguridad más profunda desde el retorno a la democracia, sigue dando señales equivocadas en favor de delincuentes.
Primero retiró 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra imputados por delitos en contexto del estallido social: su primer proyecto con urgencia legislativa fue el que indultaba a presos vinculados a los mismos hechos. Luego, como esa idea no logró mayoría en el Congreso, indultó a 13 delincuentes con graves y reiterados delitos. Ahora, el Parlamento, por abrumadora mayoría democrática, despachó una iniciativa que establece avances para la regulación y sanción penal de la usurpación. Sin embargo, el gobierno decide vetarlo, disminuyendo la protección de las víctimas.
El gobierno ha sido usurpado por el Partido Comunista y tanto el Presidente Boric como parte de su coalición gobernante tienen profundos conflictos cuando se trata de seguridad. Muchos de ellos legitiman la violencia como método de acción política, siendo condescendientes con delitos que relativizan aludiendo a los motivos por los cuales se cometen, llegando incluso a ponerse del lado de quienes cometen estos delitos, invisibilizando a las víctimas.
El veto al proyecto de ley de usurpaciones es un abuso de esta atribución, modificando 14 aspectos solo porque no está de acuerdo con la voluntad expresada por el Poder Legislativo. Esto debilita la deliberación entre poderes que es clave para una democracia sana. Además, va mucho más allá de lo planteado en un principio, renunciando a la posibilidad de un acuerdo.
Es hora de que el Presidente y su gobierno reconsideren sus acciones y pongan a la sociedad y las víctimas en el centro de sus decisiones, en lugar de seguir permitiendo que unos pocos dicten el rumbo del país.
Andrés Longton H.
Diputado RN
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