Violencia desbordada en La Araucanía

El asesinato de un trabajador forestal es la constatación más evidente del enorme riesgo al que se ven expuestos los habitantes de la Macrozona Sur, ante la incapacidad del Estado para asegurar el estado de derecho.



Los gravísimos hechos de violencia que este martes tuvieron lugar en la comuna de Lumaco (Región de La Araucanía), donde una emboscada a un grupo de trabajadores forestales dejó a uno de ellos fallecido producto de un disparo en la cabeza -otros dos resultaron con heridas de diversa consideración-, ha generado una ola de indignación no solo porque se trata de una nueva víctima inocente, sino ante lo que aparece como una situación que ya se ha salido de todo control.

El asesinato de este trabajador de origen mapuche motivó incluso una reacción del Presidente de la República, quien aseguró que “no vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos”, en tanto que horas antes el gobierno había anunciado la presentación de una querella ante estos graves acontecimientos. La fatal emboscada se suma a un ataque armado que sufrió un puesto de Carabineros -protagonizado por decenas de personas- instalado en la localidad costera de Quidico, en la región del Biobío.

Esta violenta jornada no hace más que confirmar el cuadro de total pérdida del estado de derecho en esta zona, donde la reiteración de atentados incendiarios a predios forestales, quemas de camiones, casas, escuelas y múltiples asesinados o heridos por disparos, se han convertido en una trágica cotidianeidad, donde el aparataje del Estado aparece totalmente impotente para garantizar estándares básicos de seguridad a sus habitantes.

A pesar de la ominosa evidencia, el actual gobierno ha actuado en forma zigzagueante para enfrentar estos cuadros de violencia. Sin que se pueda pretender que una administración pueda solucionar un problema de este calibre en un par de meses, las medidas con que ha respondido hasta el momento son erráticas -un ejemplo palmario de ello es la decisión de no querellarse en contra del líder de la CAM, a pesar de que hizo un llamado a armarse en contra del Estado-, reflejo de las trabas ideológicas que han impedido desplegar una respuesta contundente en materia de seguridad.

El gobierno y su coalición fueron totalmente reticentes a la idea de mantener el estado de emergencia constitucional dictado bajo la administración anterior, y que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas. Presionado por los hechos, y tras no encontrar votos dentro del oficialismo para establecer un estado de excepción “intermedio”, el Ejecutivo se vio forzado a invocar el actual estado de excepción, aunque acotado a la custodia de carreteras. La reticencia se dio a pesar de que el número de delitos asociados a la violencia rural fue en sostenida alza en los últimos meses, con más de 240 hechos reportados entre el 11 de marzo -fecha en que asumió el nuevo gobierno- y mediados de mayo.

Las propuestas de diálogo político, compra de tierras y otras medidas anunciadas son importantes, pero de largo aliento. En lo inmediato, el gobierno debe asumir que el foco de la violencia en la zona es ahora una de sus más urgentes prioridades, donde la respuesta del Estado no puede seguir a merced de vacilaciones. Ya es tiempo de asumir que la situación ha desbordado todo límite, y no cabe seguir justificando como “reivindicación” el actuar de ciertos grupos que, escudándose en la causa indígena, llevan a cabo actividades asociadas al narcotráfico, robo de madera y tráfico de armas. El llamado del Presidente a no tolerar la violencia debe traducirse ahora en acciones concretas, que busquen ante todo proteger a los habitantes de la Macrozona Sur.

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