El déficit de vivienda en Chile, el aumento del costo de la vida y la crisis económica derivada de la pandemia han redundado en el recrudecimiento de las tomas y campamentos en el país. En conexión con esto, las denuncias sobre organizaciones que obtienen un lucro a partir de este problema se han sucedido. Y en esto hay casos que llaman particularmente la atención.

Una investigación de La Tercera publicada el pasado fin de semana da a conocer cómo un grupo de personas ha diseñado un esquema basado en un mecanismo legal mediante el cual han burlado la legislación sobre loteos y construcción de viviendas. Se trata de la constitución de sociedades que adquieren terrenos agrícolas para luego vender acciones.

A quien compra se le asigna arbitrariamente alguna de las múltiples subdivisiones del predio original, donde luego puede construir su casa. En muchas ocasiones se trata de segundas o terceras viviendas, construidas en una ilegalidad que, en la práctica, no tiene sanción: hasta ahora ninguna autoridad ha estado dispuesta a asumir el costo político de demoler estos nuevos campamentos.

Este modus operandi, desarrollado principalmente en la Quinta Región, pero que ya comienza a reproducirse en otras partes del país, ha multiplicado a tal punto la población de algunas localidades que han colapsado sus servicios de salud y escuelas. Al ser irregulares, tampoco cuentan con servicios básicos.

Conversamos con el autor principal de este reportaje, Francisco Artaza, periodista del equipo de Investigación y Datos de La Tercera.