Desde mediados de abril se encuentra en manos de la Comisión de Defensa del Senado el proyecto que crea el nuevo Sistema de Inteligencia del Estado.

Si bien la iniciativa es considerada como una de las prioridades de la agenda de seguridad ciudadana y se encuentra en su fase final de tramitación, con respaldo político transversal, diferencias jurídicas y técnicas -entre lo que aprobó la Cámara y lo que sostienen los senadores-, han demorado el avance del proyecto.

El problema es que la situación de la reforma de Inteligencia, no es el único nudo que hoy tiene al Senado atochado con reformas complejas y emblemáticas.

Los proyectos de sala cuna, la nueva ley de notarios y conservadores, la reforma política, la reforma electoral, infraestructura crítica, Reglas de Uso de la Fuerza (en comisión mixta), la agilización de permisos medioambientales son algunas de las materias que se encuentran entrampadas.

No todas están detenidas debido a la habitual confrontación oficialismo versus oposición, hay complejidades jurídicas, discrepancias institucionales con la Cámara (independiente del color político) o incluso hay diferencias al interior de las coaliciones.

La misma recarga de trabajo, los tres días a la semana de labor legislativa que tiene el Senado y los recesos -una vez al mes- por el trabajo en las regiones, tampoco ayudan que haya espacios de conversación para resolver estos nudos legislativos.

En todo caso, esta semana, en el Senado se logró destrabar dos iniciativas complejas: la Ley de Pesca (fraccionamiento) y la iniciativa de permisos sectoriales (que es paralela a la de autorizaciones medioambientales).

Agenda de seguridad a paso lento

En los últimos días, la Comisión de Defensa, que ya estaba reuniéndose dos veces a la semana y estaba entrampada en la revisión de la reforma sobre Infraestructura Crítica, convocó a tres sesiones consecutivas para definir qué innovaciones aprobadas por la Cámara respecto de la nueva ley de Inteligencia rechazaría para derivarlas a una comisión mixta (instancia final que se conforma por cinco diputados y cinco senadores para resolver nudos legislativos).

Si bien los desacuerdos con la Cámara eran varios, la idea del presidente de la Comisión de Defensa, el senador Javier Macaya (UDI) era enviar no todo el proyecto a la mixta. Así se llegó a un documento con 27 puntos elaborados por asesores jurídicos de los parlamentarios y del gobierno.

Sin embargo, en la reunión del miércoles pasado, la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien integra la Comisión de Seguridad, pidió -en coordinación con los equipos de RN- agregar otras 15 normas. Por tal razón, Macaya resolvió postergar hasta el próximo lunes la decisión de qué temas recomendarían a la sala del Senado rechazar.

Con ello, se constituiría la mencionada comisión mixta, que se abocaría a pulir el nuevo Sistema de Inteligencia.

Esta instancia mixta, que sería presidida por un senador, posiblemente el mismo Macaya, se rige por el reglamento del Senado. Por lo tanto, la responsabilidad principal para resolver este nudo sigue siendo de la Cámara Alta. La discrepancia se originaba en que el modelo que aprobaron mayoritariamente los diputados -incluso con acuerdo desde la izquierda a la derecha- tenía problemas técnicos a juicio de algunos senadores.

En el caso de las Reglas de Uso de la Fuerza (las llamadas RUF que fijan un protocolo para el actuar de policías y militares en tareas de orden público y seguridad interna), la comisión mixta, cuya presidencia sería asumida por el senador José Durana (UDI), aún no se reúne. Inicialmente le correspondía a Macaya asumir la titularidad de la instancia, pero debido a su misma recarga de tareas, en el Senado se le asignó la misión a la Comisión de Seguridad Ciudadana, que preside Durana.

Si bien la principal traba jurídica de las RUF son las diferencias entre los diputados y los senadores de Chile Vamos (ya que las objeciones del oficialismo ya quedaron fuera de juego, salvo que sean reflotadas en un veto presidencial), es probable que la discusión se postergue para julio con el fin de alejar el proyecto de las primarias del oficialismo y buscar una ventana menos contaminada electoralmente.

En lista de espera

La reforma a la ley de notarios, conservadores y archiveros -que desde 2018 ha sorteado una trabada tramitación, debido a un “lobby feroz”, como lo definió en su momento el exministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI)- está a la espera de que la sala del Senado vote el informe de su comisión mixta. Esa votación se ha ido postergando.

La Cámara, sin embargo, hizo una jugada que dejó al Conservador de Bienes Raíces de Santiago sin un régimen especial, lo que le permitiría a quien ejerza la Presidencia de la República poder dividir su gigantesca y millonaria jurisdicción (26 comunas capitalinas). Aquella maniobra de los diputados, no agradó a la mayoría de los senadores, que al menos ya estaban resignados de que no podrían revertir lo obrado por la Cámara, salvo que el Ejecutivo acepte vetar el proyecto.

El nuevo sistema de sala cuna, que fue planteada como una de sus prioridades sociales en su última cuenta pública, se encuentra desde abril del año pasado en la Comisión de Trabajo, que al menos hasta enero de 2025 estuvo concentrada en sacar la reforma previsional. Al inicio de esta legislatura la instancia ha retomado la revisión del proyecto. En este caso, el foco de diferencias sigue en el oficialismo donde algunos piden no replicar el modelo de financiamiento de la educación subvencionada y otros están abiertos a un modelo mixto público-privado, más cercano a lo que propone la oposición.

La reforma política que fija restricciones a los partidos para elegir diputados, con el fin de reducir la fragmentación del Congreso, y la reforma electoral que refuerza el voto obligatorio mediante una multa, siguen esperando su momento para ser votadas en la sala del Senado.

Inicialmente, algunos senadores opositores (donde hay división en estos temas) recurrieron a maniobras dilatorias, pero una vez agotados esas herramientas reglamentarias, los comités acordaron frenar la votación para esperar que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), culmine conversaciones con la mayor cantidad de colectividades para tratar de construir un acuerdo.