Tal como adelantaron la semana pasada, el subjefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, junto a su par gremialista de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla, oficiaron a la Contraloría buscando frenar la compra del Instituto Profesional Arcos por parte de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Por otro lado, el diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional, acudió la mañana de este lunes hasta la sede de la entidad que lidera Dorothy Pérez, por el mismo tema.

El oficio de Bobadilla y Donoso

En su oficio, Bobadilla y Donoso piden al ente fiscalizador informar sobre cuatro puntos.

En primer lugar, requieren que la Contraloría se pronuncie sobre la “posibilidad de iniciar una investigación especial sobre el proceso de compra”.

Por otro lado, solicitan evaluar la legalidad del decreto supremo con el que el Ejecutivo dio curso a la operación.

El tercer punto por el que los legisladores gremialistas solicitaron que la Contraloría se pronuncie, se relaciona a los “eventuales fines políticos que estarían motivando el proceso de adquisición del Instituto Profesional Arcos por parte de la Usach”.

Apuntando a la militancia de las autoridades involucradas, piden que se detectan o no conductas contrarias al deber de imparcialidad, y a los principios de probidad administrativa y de apoliticidad".

Como cuarto punto, en tanto, llaman a la Contraloría a manifestarse respecto a la “posibilidad de instruir, dentro del ámbito de su competencia, todas las medidas que se encuentren a su alcance para frenar el proceso de compra, en la eventualidad que -en el trascurso de sus indagatorias- detectare irregularidades graves en la mencionada transacción”.

Durán: “Se configurarían algunas ilegalidades”

El diputado Durán, en tanto, en un documento firmado también por sus pares RN Marcia Raphael y Hugo Rey, requirió un pronunciamiento “respecto de la legalidad, fundamento y competencia de los actos administrativos vinculados a la compra”.

“Se configurarían algunas ilegalidades, incluso previstas por propios académicos de la Universidad de Santiago, en el sentido que originalmente se piden 11.000 millones de pesos y fracción para la compra y este presupuesto se aumenta mucho más, cerca de 40.000 millones, para mejorar la infraestructura de la Universidad de Santiago”, explicó Durán en la Contraloría, indicando que el decreto asociado solo apuntaría al tema de infraestructura.

Por su parte Hugo Rey, puntualizó que estas acciones no se relacionan con “estar a favor o en contra de una universidad, sino de resguardar el uso correcto de los recursos públicos”.

“Este decreto 352 genera demasiadas dudas, se modifican montos, se omite la participación del Ministerio de Hacienda y se actúa como si la Contraloría no existiera. Es el mismo patrón que vimos en otros casos donde la ideología se impone sobre la legalidad. Por eso pedimos que se investigue a fondo este acto de gobierno y se determinen responsabilidades", sostuvo.

Marcia Raphael, en tanto, manifestó que “el gobierno está repitiendo los mismos errores de la Arcis, usar la educación pública como plataforma política y poner en riesgo la estabilidad de instituciones”.

“No puede ser que mientras el país discute cómo mejorar la calidad educativa, se destinen miles de millones para salvar proyectos con sello ideológico. Aquí hay favoritismo político, falta de transparencia y una improvisación que ya le ha hecho demasiado daño a la educación chilena”, aseguró.