A las 16.20 horas.

Ese es el plazo fatal en que, según confidencian en la oposición, esperan presentar la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

La exactitud del horario, añaden las mismas versiones, tiene que ver con la posibilidad de que el oficio se pueda dar cuenta en la sesión de sala de esta jornada y, así, empiecen a correr los plazos constitucionales que contempla la ofensiva, de acuerdo con la Carta Fundamental.

A pesar de que desde el sector remarcan que no han cambiado de postura desde la semana antepasada, cuando anunciaron la presentación del libelo, sí reconocen al menos dos factores que han sembrado más de alguna duda al interior del sector.

Por un lado, el hecho de que hayan pasado dos semanas del anuncio sin la presentación ha restado fuerza desde el punto de vista comunicacional. En el intertanto, además, el delegado ha concurrido a varias comisiones de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre lo ocurrido el pasado 10 de abril en el estadio Monumental.

Además, esta semana, Durán tiene agendadas dos visitas adicionales al Parlamento: a la Comisión de Deporte, y a una sesión especial que tendrá la sala este miércoles para discutir sobre lo ocurrido.

Por este mismo factor, según afirman en algunas bancadas, la acusación ni siquiera ha sido tema entre los diputados.

De hecho, según comentan en Chile Vamos, hasta el viernes en la tarde —a tres días de presentar el libelo—, el escrito ni siquiera había sido socializado entre los partidos. La UDI, colectividad que quedó a cargo de su redacción, todavía no lo extendía a sus socios de coalición.

El otro factor que ha significado un dolor de cabeza para la oposición a la hora de concretar una ofensiva ha vuelto a ser puesto sobre la mesa: el respaldo en votos.

Para esta ocasión, la derecha priorizó que todas las bancadas estén respaldando el libelo, cuestión que consiguió rápidamente, a pesar de las dudas iniciales del bloque de Demócratas e independientes.

Con el cierre de filas de toda la oposición, los diputados pusieron sus ojos en la bancada de la Democracia Cristiana, bloque que ha actuado en el Congreso alineado con la administración del Presidente Gabriel Boric, pese a no ser parte del oficialismo.

Sin embargo, los diputados de la DC, encabezados por su jefe de bancada, Héctor Barría, han mostrado algunas señales de desapego con La Moneda respecto de los hechos ocurridos en el recinto de Macul.

En ese sentido, la bancada de centro ha presionado por la salida de Durán. En caso contrario, agregan, se verán obligados a tomar una decisión más drástica, como plegarse al libelo acusatorio.

Con la DC arriba —y luego de siete acusaciones fallidas—, la derecha aspira lograr remover a Durán.

Al respecto, el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, sostuvo que durante este lunes conversarán con la DC. “Ellos dijeron que estaban dispuestos a analizarla, si había mérito suficiente la iban a apoyar. Esperamos convencerlos para que entreguen sus votos, al menos algunos de sus diputados”, dijo el representante de La Araucanía.

Sin embargo, hasta el momento, en la oposición son cautos. De hecho, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, aseguró que esta jornada se van a reunir para determinar los pasos a seguir, pues “el conteo de los votos es un factor que siempre hay que tener en cuenta”.

El escrito que no llega

El hecho de que —hasta la tarde del viernes pasado— el documento de la acusación no haya sido socializado en el sector, ha causado ruido al interior de las filas.

De hecho, ni siquiera en Chile Vamos tienen conocimiento del detalle, en consideración de que ha sido la UDI la mandatada a su redacción.

Por lo mismo, durante el paso de los días, los diputados del sector se han encargado de esbozar algunas ideas que, desde el punto de vista constitucional, sustentarían el juicio político que le quieren iniciar a Durán.

Entre ellas, La Tercera tuvo acceso a una minuta elaborada por diputados de RN, con argumentos que justificarían el libelo contra Durán. “Los organizadores del partido (Blanco y Negro S.A., administradora del Club Colo Colo) ingresaron formalmente la solicitud de autorización el día 28 de marzo y desde allí se dio inicio a la coordinación logística y de seguridad entre la Delegación Presidencial y los solicitantes. Sin embargo, recién el mismo día 10 de abril se autorizó definitivamente el encuentro”, señala el documento.

También se deja constancia de que, previo a la realización del partido, hinchas del equipo de fútbol chileno habían llamado por redes sociales a realizar “una avalancha” en un partido que ya era calificado como del más alto riesgo. “El señor Durán no ejerció la atribución de revocar la autorización ni de suspender el partido. Al contrario, este se inició y al minuto 69 se produjo una serie de hechos de violencia que culminó con una invasión a la cancha del estadio por parte de hinchas locales (...) Este grave episodio en el fútbol profesional del país pasará a la historia como uno de los más violentos, y evidencia la negligencia con que el señor Durán ejerce el cargo”, añade la minuta.

Por lo mismo, el libelo pretende acusar al delegado presidencial por haber infringido “el artículo 115 bis de la Constitución en relación con el artículo 24 del mismo cuerpo fundamental, al incurrir en negligencias en materia de resguardo del orden público con ocasión del partido de fútbol ocurrido el 10 de abril en el estadio Monumental”.

Aunque la decisión política de avanzar hacia la presentación del libelo está tomada, según recalcan en el sector, conocer los detalles y los argumentos constitucionales es clave en dos aspectos: el sustento que tendría para lograr enjuiciar a Durán, y el respaldo político que aspiran conseguir de la bancada de la DC.