En la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) aseguran que el “caso cero” del escándalo por el mal uso de licencias médicas vino de un requerimiento del parlamentario Frank Sauerbaum. A inicios de 2023, el diputado denunció que el exadministrador municipal de Chillán Richard Guzmán viajó a Argentina junto a Lily Fariña, funcionaria de la Secretaría Comunal de Planificación, quien se encontraba con licencia médica.

A juicio de Sauerbaum, eso dio pie a la investigación general que hoy tiene a más de 25 mil funcionarios públicos de distintas reparticiones en la mira por utilizar subsidios de incapacidad laboral para viajar fuera del país.

En los dos partidos de Chile Vamos se han activado ofensivas fiscalizadoras que van desde reuniones con la Fiscalía a la presentación de proyectos de ley.

Particularmente en RN, de esa tarea se ha encargado el jefe de bancada, Miguel Mellado, junto a Sauerbaum. Y los diputados Diego Schalper y Andrés Longton han trabajado en la elaboración de una serie de medidas englobadas en la agenda #NoMásLicencias.

Con miras a la discusión presupuestaria a fines de este año, en RN advierten que están dispuestos a rechazar la partida del sector público si no se observa un aumento real de entre un 10% a un 20% en el presupuesto de la Contraloría General de la República.

Otra de las acciones apunta a pedir la urgencia a una iniciativa presentada por el diputado Bernardo Berger que modifica la normativa para poder dar curso a sumarios hasta tres meses después que los funcionarios públicos involucrados hayan renunciado. Una de las expectativas –reconocen– es que exista un pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric en la cuenta pública en la dirección de reformar el estatuto administrativo.

En esa misma línea, esperan que se avance en modificar los estándares bajo los cuales se declara salud incompatible con el servicio, en caso de licencias prolongadas. Además, exigirán al Ejecutivo que presente una modificación para equiparar el régimen de pago de las licencias médicas entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado.

Por último, los diputados emplazarán que el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional deban solicitar semestralmente a la PDI toda la información relativa a ingresos y salidas del país por parte de funcionarios que hubieren presentado licencias médicas.

En los próximos días, los diputados RN esperan reunirse con la contralora Dorothy Pérez.

Reforzar la Contraloría

En paralelo, en la misma línea de RN, la bancada de senadores UDI presentó un proyecto para reforzar facultades de fiscalización de la Contraloría y perseguir responsabilidades administrativas aun tras la renuncia de funcionarios públicos.

Además, la propuesta faculta expresamente a la Contraloría para acceder a información bancaria institucional cuando se trate de fondos públicos, despejando cualquier obstáculo vinculado al secreto bancario.

El jefe de los senadores UDI, Sergio Gahona, afirmó que “lo que estamos haciendo es cerrar la puerta giratoria de la impunidad. No puede ser que funcionarios públicos que abusaron de su cargo escapen por la ventana de la renuncia para eludir toda responsabilidad”.

Y agregó: "La Contraloría ha hecho su trabajo, pero necesita herramientas reales para perseguir a quienes defraudan al Estado, incluso después de haber dejado sus funciones. Este proyecto apunta directo al corazón del problema: proteger los recursos públicos y restablecer la ética en el servicio público. No más blindajes, no más zonas grises. El que la hace, la paga, aunque ya no esté en el cargo”.

El subjefe de bancada, Gustavo Sanhueza, en tanto, sostuvo que “le pedimos al gobierno que no acepte ni una sola renuncia más en el caso de las licencias médicas hasta que se inicien los sumarios correspondientes. Si permiten que los responsables se vayan por la puerta ancha antes de ser investigados, están garantizando impunidad. No puede ser que quienes abusaron de los recursos de todos los chilenos se libren solo por renunciar”.

Y agregó: “Mientras en el Congreso tramitamos el proyecto que busca cerrar justamente esta puerta de escape, el Ejecutivo tiene la obligación política y ética de actuar con firmeza. Además, iniciar los sumarios antes de aceptar renuncias es la única forma de dejar constancia de las responsabilidades y evitar que estas personas puedan ser recontratadas en otro servicio público al día siguiente, como si nada hubiera pasado”.