Abogada de aportante de Swell amplía denuncia ante el Ministerio Público y dice que Sartor está pronto a presentar acuerdo reparatorio

“Cuando me contaron del nuevo fondo que se abriría a fines del 2020 y que sería administrado bajo el respaldo de una empresa ‘experta’ en el manejo de Fondos de Inversión Privados y conocida por su bullada operación en Azul Azul, y lo más importante regulada por la CMF, Sartor, me dio confianza”. Así comienza su relato Patricio Amunátegui Errázuriz, uno de los cerca de 50 aportantes de los fondos de Swell Capital, fallida administradora que hoy se encuentra demandada y querellada por la pérdida de unos $7.000 millones.

A principios de julio, Octavio Gamboa, socio de Swell Capital, se autodenunció ante el Ministerio Público por conductas constitutivas de delitos que habrían comenzado en enero de 2021, y que habrían implicado la adulteración de los sistemas de control interno de márgenes y garantías de Swell Capital.

Por una parte, los fondos fondos privados Intra Trade y Norswell estaban bajo la administradora de fondos de inversión privado de Sartor, por lo que el 13 de julio, Gabriel Zaliasnik, en representación de Sartor, y a su vez en representación de los fondos de inversión privado Intra Trade y Norswell, presentó una querella contra Gamboa por el delito de administración desleal. El daño en estos vehículos es de unos $4.000 millones.

En tanto, el 30 de julio, los abogados Rodrigo Zegers Reyes y Martín Besio Hernández, en representación de Nicolás Iglesis y Juan Luis Montalva (socios de Gamboa en Swell), presentaron una querella contra Gamboa por los delitos reiterados de apropiación indebida, de falsificación de instrumento privado y de estafa. En total, la acción judicial denuncia el daño por $7.039 millones, que incluyó los fondos en Sartor, además de los recursos administrados de terceros por su cuenta.

Amunátegui cuenta que tras hacer averiguaciones acerca de Sartor, sus negocios y socios, tomó la decisión de invertir en el fondo Norswell, y luego de que el fondo comenzara a operar “la única información formal que yo recibía respecto de su funcionamiento era un correo corporativo de ‘Sartor Administradora de Fondos’, donde se me informaba detalladamente de los resultados del ejercicio trimestral y en qué fecha ellos depositarían las respectivas utilidades en mi cuenta”.

“Básicamente desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021 mi relación contractual con Sartor era perfecta, pero desde el primer trimestre de este año a la fecha nunca más recibí ni un solo correo de Sartor informando absolutamente nada de mis fondos, incluso al enterarme de este desastre, les escribí para solicitar información formal de la situación y, de paso, el inminente reintegro de mis fondos. Hasta el día de hoy, 5 meses después de su último correo, no sé nada más allá de lo que aparece en la prensa”, sostiene Amunátegui.

En medio de la situación de Swell, Patricio Amunátegui contrató para la parte penal del caso a Catalina Navarro Soffia, del Estudio Navarro.

La abogada detalla que el pasado 22 de julio presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de administración desleal en contra de todos los involucrados, es decir en contra de Swell Capital y sus socios, y en contra de Sartor y sus representantes, lo que en la práctica amplía la denuncia que dio paso a que la fiscalía de alta complejidad oriente abriera una investigación a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda.

Por ahora, explica Navarro, no han presentado una querella porque están a la espera de un eventual acuerdo, el cual Sartor se abrió a presentar en los próximos días para reparar el daño a los aportantes. “Eso es bien fundamental porque es la parte medular de la estrategia que se ha diseñado en conjunto con los abogados Contreras y Gandarillas que está en la parte civil. Hay una primera denuncia, pero la querella estamos a la espera de revisar de los antecedentes completos y este eventual acuerdo (...) El acuerdo es con Sartor, no con Swell, Sartor tendrá que ver cómo obtiene reparación o cómo obtiene el dinero”, dice Navarro, y agrega que un eventual acuerdo podría involucrar un cese de fuego.

De hecho, entre los aportantes crece la expectativa de que con el acuerdo podrían recuperar el 100% de los dineros invertidos.

“Prefiero llegar a un acuerdo que extenderme en el tiempo en un juicio”, concluye Amunátegui.

Respecto de la denuncia, la abogada pidió que se investigue “el ejercicio abusivo por parte de Sartor y Swell de las facultades que el contrato de suscripción y pago de cuotas y el Reglamento Interno del Fondo Norswell les otorgaron, además de las acciones u omisiones que estos realizaron en contra de los intereses del patrimonio de los aportantes en este caso, como sería en el caso de Sartor no haber cumplido con su deber de velar por que las inversiones se realizaran conforme al Reglamento o no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para el cuidado y conservación de las inversiones del Fondo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a Swell y sus socios como gestor primarios de los fondos”.

A juicio de Navarro, “si bien actualmente la investigación aparece dirigida en contra de Octavio Gamboa, claramente él no es el único responsable. Sartor estaba encargado de la salvaguardia del patrimonio de los aportantes que constituyeron el Fondo, correspondiéndole el deber fiduciario respecto de éste como custodio del patrimonio aportado, deberes que no cumplió, con el consecuente perjuicio para los aportantes que perdieron todas sus inversiones ascendentes a $4.000 millones en un período de 3 meses”.