El complejo entramado judicial que rodea el millonario fraude al factoring Primus Capital entró en una fase de diversificación. El jueves pasado, el Ministerio Público, representado por los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, solicitó formalmente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago la separación de la investigación original. Esta maniobra procesal busca aislar los hechos que involucran a un nutrido grupo de imputados que, hasta el momento, no han sido formalizados en la causa principal.

La decisión administrativa da vida a una nueva carpeta investigativa que pone bajo la lupa a 95 personas naturales. El listado de nuevos “imputados” destaca por su heterogeneidad, cruzando las fronteras del mundo empresarial, el deporte de élite y el ámbito auxiliar de la justicia.

La nómina de 95 personas es encabezada por el traumatólogo Rodrigo Mardones, especialista en cadera y ex director médico de Clínica Las Condes, cuyo nombre aparece como pieza clave en esta nueva arista.

Sin embargo, el alcance de la investigación se amplía a figuras del fútbol nacional, como los ex seleccionados Mauricio Pinilla y Patricio Rubio, además de la notaria Valeria Ronchera. Con esta división, la Fiscalía pretende otorgar un ritmo propio a la indagatoria de estas 95 personas, sin entorpecer el avance del proceso matriz, que ya mantiene bajo medidas cautelares a los principales rostros del fraude: el ex gerente general Francisco Coeymans, el ex gerente comercial Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico de cocina Marcelo Rivadeneira.

La notaria Valeria Ronchera dijo a Pulso, sobre la nueva arista del caso Primus: “Desconozco absolutamente las razones y la calidad en la que se me vincula. Es incomprensible, ya que yo soy víctima en esta causa. Actualmente curso acciones en sede civil para acreditar la falsificación de pagarés de los que fui objeto, reservándome las acciones penales correspondientes”.

El caso Primus estalló en marzo de 2023, cuando la propia empresa de factoring Primus Capital descubrió internamente una serie de operaciones falsas. La compañía informó el hallazgo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y presentó una denuncia. Pronto se reveló que una red de ejecutivos y colaboradores cercanos había utilizado empresas de papel, cheques sin respaldo y facturas ideológicamente falsas para simular transacciones comerciales y desviar fondos de la firma.

Las primeras estimaciones hablaron de un fraude superior a los $ 70 mil millones, lo que llevó a los socios de la compañía a inyectar más de $ 100 mil millones para evitar el colapso financiero de la empresa, cuyo 90% fue vendido a comienzos de este año al grupo Toesca.

Según la investigación, en el esquema defraudatorio se usaron nombres de terceros como testaferros, muchas veces ciudadanos extranjeros, para ocultar la verdadera identidad de quienes controlaban las empresas involucradas. La documentación falsa se usaba para justificar operaciones que nunca ocurrieron, generando beneficios indebidos tanto para los ejecutivos como para quienes participaron en la red.

Uno de los aspectos más mediáticos del caso fue la fuga de Francisco Coeymans, quien salió del país y fue detenido en Lima, Perú, donde estuvo prófugo por más de siete meses. Fue extraditado a Chile en noviembre de 2024 y desde entonces cumple prisión preventiva.

A finales de enero de 2026, el empresario Raimundo Valenzuela Lang (65) selló el cierre de una etapa marcada por la crisis. Junto a su socio, Fernando Franke, y otros ejecutivos, acordó la venta del factoring a Toesca.

El domingo 1 de febrero, Valenzuela confesó a Pulso el trasfondo personal de la transacción: “Vendo porque jamás imaginé verme involucrado en una situación así; ha sido lo más traumático de mi vida”, señaló, enfatizando que el impacto del caso escaló hasta su entorno familiar y el de su estrecho colaborador, Eduardo Guerrero, quien se mantiene en la empresa como ejecutivo y como socio, con el 10%.

Otros imputados

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el brazo operativo de la organización criminal estuvo liderado por Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. Ambos habrían coordinado la constitución de sociedades instrumentales, utilizando para ello a diversas personas —incluyendo ciudadanos venezolanos con visa en trámite— con el fin de defraudar al factoring.

En esta nueva lista de imputados, destacan precisamente cinco ciudadanos de dicha nacionalidad vinculados a este esquema: Keiber José Blanco Ramos, Alianneth Karina Caraballo, Rosmer Omar García Fernández, Rainer Yoel Martínez Hurtado y Alba Romaira Marín Pinea.

En el listado de nuevos imputados por el millonario fraude el fiscal Sepúlveda también sumó los nombres de ex trabajadores del factoring, como Daniela Vargas Silva, Daniela Vásquez Carrasco y Norka Rojas Maturana.

En la nómina también aparecen los nombres de Gisella Gallardo Velo, esposa de Mauricio Pinilla, y su hermana Fabiola Gallardo Velo (ex cónyuge de Rodrigo Mardones Petermann) y la hija de esta última Paola Aceval Gallardo.

Sus nombres también figuran en distintos informes de KPMG, encargados por Primus Capital, en los que se detalla la constitución de sociedades que habrían servido -según el factroring- para defraudar a la compañía.

En la nómina también figura en calidad de imputados tres emprendedores: Marcelo Haristoy, Juan Pablo Bañados y la peruana Ana María Forno.

Según declaró Coeymans, Ana María Forno tenía una relación con Amenábar y era “cliente de Primus a través de la empresa Foránea, la que quedó debiendo aproximadamente $ 80 millones a Primus”.

Sobre Bañados, Primus estimaba que el emprendedor adeudaba al factoring más de $ 3.000 millones.

Haristoy, en tanto, era un empresario automotriz, amigo de Coeymans, dueño de K2 Autos, la que según Primus participó en el esquema defraudatorio.