La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados es la instancia legislativa que está analizando el proyecto de ley de Inteligencia Económica que tiene como objetivo mejorar las herramientas institucionales del Estado para combatir el crimen organizado y el lavado de activos.

Para buscar acuerdos y avanzar, el gobierno ingresó una serie de indicaciones que fueron trabajadas de manera consensuada con los parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo. Originalmente la iniciativa creaba un subsistema de Inteligencia Económica que ahora pasará a ser un sistema de Inteligencia y Análisis Económico, y que estará integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y las unidades de inteligencia que el mismo proyecto crea dentro del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Nacional de Aduanas. Ese cambio fue aprobado por la unanimidad de la comisión.

Sin embargo, una materia que sigue pendiente es la posibilidad de que la Unidad de Análisis Financiero tenga acceso al levantamiento del secreto bancario sin la necesidad de pedir autorización a un juez -como se establece hoy-, medida que es resistida por la oposición, que argumenta que se debe mantener la privacidad de los datos personales y que el sistema actual no es una traba para investigar.

Frente a ello, el director de la UAF, Carlos Pavez, insiste en la importancia que tiene para el Estado el contar con esa herramienta, la que, según señala, permitiría una acción más rápida para luchar contra el crimen organizado.

Tal como ha ido avanzando el proyecto de ley de Inteligencia Económica, ¿ve probable que se pueda aprobar durante este gobierno?

-Ha sido difícil, pero todavía tengo algún nivel de expectativa de que eso va a ser así. En las últimas sesiones ha ido quedando en evidencia que el trabajo que se realizó con los grupos de asesores de los diputados, con los del Ministerio de Hacienda y con los de los servicios relacionados, fue bueno. Hay acercamiento en distintas materias y con las indicaciones que se han presentado vemos espacio para que se pueda avanzar.

Uno de los temas más debatidos y cuestionados por la oposición es el levantamiento del secreto bancario. ¿Qué tan incompleta quedaría la nueva institucionalidad si es que no se logra aprobar esta medida?

-Para responder a eso, es importante mencionar algunas definiciones de contexto inicial. Lo que hasta ahora se estaba trabajando, era para un proyecto que creaba un subsistema de inteligencia económica y era parte del sistema de inteligencia civil. Hoy día está mutando hacia una nueva institucionalidad, que sería un sistema de inteligencia y análisis económico. Con eso, lo que se busca es cumplir con dos objetivos principales. Uno, ser más eficiente en el cumplimiento de las funciones, particularmente de la UAF, ya que podremos tener más datos desde el punto de vista de la prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por otro lado, también se apoyará el cumplimiento de funciones de otros servicios como el SII y Aduanas. La aprobación de esta propuesta nos permitiría ser mucho más efectivos con la entrega de información relevante para efectos de detectar figuras o actividades del crimen organizado.

¿Pero los argumentos de la oposición son atendibles, en el sentido de que podría afectar la privacidad de las personas?

-Se han ido haciendo ajustes en esa materia. El proyecto de ley ahora dice que esta facultad para levantar el secreto bancario es solo para la UAF y se acota solo a tres situaciones: cuando un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) lo emite un banco se da la facultad para pedir más antecedentes, cuando la persona es jurídica y cuando es respecto a un funcionario público. Cuando se presentó el proyecto original era una facilitad que estaba abierta y se podía pedir en cualquier circunstancia, pero cuando empezó esta discusión política de cómo podría afectar la privacidad de las personas, se acotó.

¿Con eso se cae el argumento de la oposición?

-A mi entender sí, porque en estos tres casos no hay afectación a la privacidad. Además, en la ley actual y en la que se tramita, hay fuertes sanciones para los funcionarios de la UAF, y se amplía para el SII y Aduanas, en caso de mal uso de la información.

¿Considera que se está generando espacio para que se produzca un mayor consenso sobre la importancia del levantamiento del secreto bancario?

-Claro. En la discusión que hemos tenido mucho en las sesiones, tanto en el Senado como ahora en la Cámara de Diputados, hemos ido planteando que esta herramienta no es para utilizarla como una prueba de participación en un delito determinado, sino para poder tener la idea completa y clara de qué se trata cada una de las operaciones.

Si no se aprueba el levantamiento del secreto bancario, ¿estima que quedará debilitada la nueva institucionalidad?

-Hoy día el levantamiento del secreto bancario existe. Tenemos esa facultad, y tenemos que hacerla operativa mediante una solicitud de autorización de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo que nosotros decimos es que por esta exigencia de oportunidad y por la complejidad que tiene cada grupo de operaciones que tenemos que analizar, el contar con esta herramienta del alzamiento administrativo del secreto bancario hace una tremenda diferencia, tanto en términos de cobertura y de oportunidad.

¿Cuánto se demoran hoy en levantar el secreto bancario?

-Por lo menos una o dos semanas para preparar el requerimiento y presentarlo, porque no es llegar y decirle al ministro que queremos que levante la información sobre tal persona, sino que hay que argumentar. Si bien ahora sí se pide el levantamiento del secreto bancario y se entrega la información para estos casos de crimen organizado, el problema es que participa mucha gente y por cada una de ella debemos pedir el levantamiento del secreto y todo lo que eso implica. Entonces, no es que hoy día no se pueda hacer, pero estamos con un fenómeno del crimen organizado que es cada vez más relevante, con muchos tipos de actividad delictual.

¿Hace que el proceso de investigación sea más lento de lo que se requiere ante la situación actual del crimen organizado?

-Podemos seguir operando, pero será en un ámbito mucho más acotado con las facultades que tenemos. Si queremos ser realmente efectivos en el combate del crimen organizado y en la detección de estas figuras para poder entregar de manera oportuna información valiosa al Ministerio Público, necesitamos tener contacto con esta herramienta. Esa es la diferencia que se hace. Entendemos que tiene que haber un adecuado balance entre la necesidad de que un organismo especializado, como en este caso la UAF, acceda a esa información de forma oportuna, con la protección de la privacidad y de otras garantías que tienen las personas sobre su información.

¿El país se quedaría atrás en cuando al combate del crimen organizado?

-No podemos seguir haciendo lo mismo cuando el fenómeno del crimen organizado crece, porque el desafío es muy distinto. Nuestro argumento tiene que ver con la necesidad de contar con una herramienta que nos permita enfrentar estos nuevos desafíos, pero siempre acompañados de todas las medidas de resguardo para que esa información sea utilizada solamente para estos efectos. Sin el secreto bancario estaríamos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado y se ampliaría la brecha entre las herramientas que están disponibles para quienes cometen los delitos y forman parte de las organizaciones criminales, en relación a las herramientas con que cuentan las instituciones que estamos a cargo de poder prevenir, detectar y combatir estos delitos.

Las declaraciones del exdirector del Servicio Impuesto Interno, Javier Etcheberry, que puso en duda la capacidad del SII para resguardar la información en caso que deba administrar el secreto bancario, ¿generó un ruido adicional en este debate?

-Lo que genera es la necesidad de hacer todo el esfuerzo para poder explicar bien cuáles son las diferencias entre cada uno de estos temas.