El grupo francés Eramet tenía altas expectativas en Chile. La Estrategia Nacional del Litio abría opciones para el ingreso de actores privados, más allá de las operaciones de SQM y la estadounidense Albemarle en el salar de Atacama. Pero las puertas han ido cerrándose para Eramet, que hoy opera en Argentina, con Centenario Ratones, un yacimiento en el que emplea la tecnología de la extracción directa para la producción de litio.

El gobierno chileno este año abrió para Eramet dos opciones para la gestión de dos CEOL, Contrato Especial de Operación de Litio.

Uno, junto a Codelco y Quiborax, en el salar de Ascotán. Sin embargo, Eramet ya renunció a ese proyecto de baja escala, porque una alianza con una empresa pública la obligaba a no litigar contra el Estado. Y ya lo está haciendo.

Dos, un proyecto en el salar Agua Amarga, donde el gobierno ya hizo una consulta indígena que concluyó en septiembre y donde Eramet tiene la primera opción, al contar con pertenencias. El futuro de ese proyecto, sin embargo, aún es incierto: las partes no han logrado un acuerdo sobre las condiciones para la firma definitiva del CEOL. Según quienes conocen las negociaciones, Eramet habría pedido condiciones que el gobierno no quiere conceder, lo que podría también desahuciar la iniciativa.

Aquellos proyectos, no obstante, no son las principales ambiciones de Eramet. El grupo francés tiene intereses más definidos y concretos en otros salares donde Enami pretende impulsar el proyecto Altoandinos.

La empresa estatal eligió en mayo, en un proceso donde también compitió Eramet, a la multinacional australiana Rio Tinto como socia financista y operadora de un proyecto que se sitúa en los salares Aguilar, La Isla y Grande. Pero ahí está el problema: Eramet adquirió a fines de 2023 el proyecto Siete Salares a la familia Vecchiola y Talison en US$ 95 millones, cuyo principal activo son concesiones mineras en los salares donde Enami pretende emprender su proyecto.

La elección de Rio Tinto molestó a Eramet, que asumía que tenía ventaja: el gobierno había dado preeminencia, en algunos procesos de alianza con privados, a quienes acreditaran tener un porcentaje de concesiones mineras equivalente o superior al 80% de los polígonos salinos definidos. Tras la decisión de Enami, Eramet comenzó a analizar las opciones legales que tenía. Y un mes y medio después, sin aspaviento ni promoción, inició acciones legales que buscan proteger la inversión ya realizada en la compra de las concesiones mineras. Todo está en el Primer Juzgado de Letras de Copiapó.

Las servidumbres

El 10 de julio, Eramet presentó tres demandas para la constitución de servidumbres mineras que permitan realizar sondajes de exploración en las concesiones que posee en salares situados en la región de Atacama. Las acciones van dirigidas contra el Estado chileno, propietario de los terrenos donde Eramet pretende realizar sus exploraciones especificadas en las demandas.

Una servidumbre es un derecho otorgado a un concesionario minero para acceder a un predio superficial para explorar y explotar un yacimiento minero.

Las concesiones de Eramet, eso sí, apuntan a la explotación de minerales “concesibles”, es decir, todos aquellos minerales que puedan extraerse del salar que no sean litio. Legalmente, el litio no es concesible.

Las acciones judiciales, presentadas por el abogado Juan Paulo Bambach del estudio PPU, describen las propiedades en Chile de Eramet, la unidad en Chile del grupo francés Eramine, en el que el Estado galo tiene un 27% de propiedad: 361 concesiones mineras que abarcan una superficie total de 101.419 hectáreas en los salares Aguilar, La Isla, Grande, Agua Amarga y Piedra Parada.

Eramet Chile S.A., el demandante, describe someramente en todas las presentaciones los tres proyectos involucrados en las servidumbres solicitadas.

El proyecto La Isla comprende 138 concesiones que cubren un área aproximada de 38.700 hectáreas; el proyecto Aguilar suma 89 concesiones mineras constituidas, con una superficie total de 25.765 hectáreas: y Agua Amarga, 56 concesiones mineras y unas 15.000 hectáreas.

Eramet describió en sus presentaciones que en noviembre de 2024 concluyó la Fase 1 de su programa de exploración en los salares de Aguilar y La Isla, “consistente en la ejecución de campañas de geofísica no invasiva cuyo objetivo era delimitar la presencia de sustancias concesibles en las concesiones mineras de su propiedad”.

Y describió que para la fase siguiente requiere la servidumbre legal minera en litigio para “desarrollar un programa de exploración geológica conducente al descubrimiento, caracterización, delimitación y estimación del potencial de concentración de cuatro sustancias minerales no-metálicas y concesibles que se encuentren en el área del proyecto”, dice en la demanda por La Isla.

“La servidumbre de ocupación y tránsito solicitada en este libelo es necesaria para la conveniente y cómoda exploración de las concesiones mineras antes descritas y para el desarrollo del Proyecto”, argumentan las presentaciones.

En el caso de La Isla, Eramet apunta a una servidumbre de ocupación y tránsito sobre parte de la propiedad del Fisco que comprende una superficie total de 2.302 hectáreas. “Esta servidumbre es legal, por lo que sin perjuicio de que puede constituirse por acuerdo de los interesados, el titular del predio sirviente está obligado a tolerarlas aún en contra de su voluntad”, afirma.

En caso del salar Aguilar, que también se suporpone con el proyecto Enami-Rio Tinto, pidió una servidumbre por 2.120 hectáreas, “necesaria para la ejecución del Programa de Exploración del Proyecto por un plazo de cinco 5 años contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que declare constituida la servidumbre”, declara el demandante. Y en el caso de Agua Amarga, pide solo 0,181 hectáreas.

La demandante pidió que la compensación por la servidumbre sea fijada en un valor único y total pagadero en cinco cuotas anuales a partir de la fecha en que esté inscrita en el Conservador de Bienes Raíces.

El 16 de septiembre, el tribunal copiapino otorgó la servidumbre de la primera demanda en el salar La Isla y fijó la indemnización en UF 3.454 ($ 136 millones), pese a que el Consejo de Defensa del Estado se había opuesto al monto indemnizatorio.

El dictamen, en todo caso, no ha quedado a firme debido a una serie de presentaciones de autoridades locales, como la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Atacama, que llamó la atención al tribunal sobre la superposición de estas servidumbres con la superficie incluida en los CEOL constituidos por Enami para su alianza con Rio Tinto.

El 1 de octubre, el juzgado también aceptó la demanda de servidumbre de Agua Amarga.

Y en el caso de Aguilar, el juez Gabriel Aguilera sólo pidió una caución de 3.181 UF ($ 125 millones), pero aún no resuelve la servidumbre.

Enami no quiso responder preguntas para este reportaje, pero su vicepresidente ejecutivo, Iván Mlynarz, sabe que el tema generará controversia. Hace dos semanas, Mlynarz dijo en entrevista con DF, sobre las pretensiones de Eramet: “Lo que tienen son las concesiones mineras de los elementos bajo la superficie. La superficie ahí es terreno fiscal y los derechos sobre el litio están en el Estado, y con el CEOL, en las condiciones que establece el CEOL (...) Habría que preguntarle a Eramet por qué la estrategia de ellos fue tener la concesión minera para hacer un proyecto que no estaba dentro de esa concesión”.