Entiendo que ha generado algo de controversia una frase de una entrevista que dimos al diario La Segunda hace una semana, en que se afirmaba que la importancia de políticas públicas como el salario mínimo o la ley de 40 horas están principalmente radicadas en su poder simbólico más que en su efectividad.

Me explico.

La entrevista tenía por objeto discutir y explicar el concepto de Masa de Ingreso Laboral (MIL) que hemos estado intentando instalar como métrica preferible al indicador tradicional de salud del mercado laboral: la tasa de desempleo. Si le interesa, lo refiero a esta misma columna en su edición del 28 de diciembre de 2024. La motivación de la entrevista era que, al mes de junio de 2025, la MIL real per cápita de Chile se encuentra solo un 0,18% más arriba que en septiembre de 2019; esto es, un mes antes del ciclo estallido-pandemia-procesos constituyentes fallidos. La paradoja a discutir, entonces, es cómo es posible que en los últimos años se hayan implementado políticas laborales agresivas para favorecer a los trabajadores y, sin embargo, la familia promedio de clase trabajadora tenga los mismos ingresos reales per cápita que hace casi 6 años atrás.

Mi respuesta es que es posible que algunas de esas políticas puedan ser menos efectivas de lo que se pretende. Y que, a pesar de contener un poder simbólico relevante para algunos actores políticos, no están realmente impactando tanto a los sectores que se busca favorecer.

Partamos por la ley de 40 horas que entró en vigencia en abril del 2024, reduciendo la jornada de 45 a 44 horas, y que en abril del 2026 debiera llegar a 42, terminando en 40 en abril del 2028.

De acuerdo a los datos laborales del Instituto Nacional de Estadísticas, el promedio de horas habitualmente trabajadas a la semana en Chile para el trimestre febrero-abril del 2024 era de 40,76. Ahora, este promedio incluye personas con jornada parcial, otras personas que trabajan horas extra y también personas que no tienen jornada laboral formal (por ejemplo, trabajadores por cuenta propia). Así que hay de todo: trabajadores más y menos afectados. El punto es otro. Para un país que tiene una jornada habitual de 40,7 no debiera ser demasiado dramático reducir la jornada laboral formal a 40. Y por eso no es tan extraño la entusiasta colaboración del sector empresarial con esta reforma.

Más aún, cualquiera que conozca la realidad empresarial y laboral en Chile sabe que las grandes empresas ya habían transitado en el contexto de la pandemia a jornadas semanales mucho más reducidas en conjunto con modalidades de teletrabajo. No era de extrañar, entonces, que las agrupaciones gremiales empresariales, usualmente dominadas por las grandes empresas, sintieran que esto no era tan problemático para ellas. La realidad de las pymes, quizás, era algo diferente. Y quizás esto explique también lo fácil que le resultó a la administración Piñera 2 contrarrestar la entonces propuesta de 40 horas con una de 41 que, ojo, era el promedio de horas efectivas de acuerdo al INE en ese momento.

Pero hay otro punto: si uno compara el trimestre febrero-abril del 2024 con el del año 2014, vemos que la jornada habitual pasó de 42,56 a 40,76. Esto es, una reducción de 108 minutos en 10 años. El fenómeno es muy natural y ha sido observado en los mercados laborales de muchos países y se conoce como “efecto ingreso”. Cuando los países se desarrollan y las personas aumentan sus ingresos por hora, usan parte de ese incremento para aumentar su consumo y otra parte para aumentar su tiempo libre (reduciendo horas extra o acotando jornadas). Si fuera cierto que la jornada habitual fuera de 45 en 2024 (y no 40,76) la ley aceleraría radicalmente la caída en horas trabajadas de 10,8 minutos por año a 75 por año. El único problema es que la transición a jornadas más cortas ya ocurrió en buena parte del mercado laboral. Perdón, con la excepción del 30% de la economía que se encuentra en la informalidad, donde están los trabajadores más precarios, con jornadas más inhumanas y donde la ley no tendrá ningún efecto.

Ahora consideremos el salario mínimo. ¿Se ha fijado que los dos actores gremiales centrales de este debate año tras año son la CPC y la CUT, agrupaciones dominadas por afiliados que no pagan ni reciben el salario mínimo? ¿No le parece curioso? ¿Quizás hay un elemento simbólico político involucrado? Quizás. Pero no totalmente porque existe una cosa que se llama la gratificación laboral, que es una remuneración anual obligatoria que deben pagar las empresas con fines de lucro que generen utilidades líquidas a sus trabajadores. El límite de la gratificación mínima a pagar es de 4,75 salarios mínimos mensuales. Esto significa que el debate de salario mínimo si es relevante para un conjunto de trabajadores que ganan bastante más, pero porque afecta sus gratificaciones. Completamente legítimo, ¿no cierto? Estoy de acuerdo. Pero en realidad no es un debate sobre salarios e ingresos mínimos, ni predominantemente sobre trabajadores precarios, es sobre participación de trabajadores de mayores ingresos en las utilidades.

Otrosí: mucha gente que opina sobre esto no considera que el salario mínimo es, en realidad, por hora. Esto significa que mucha gente, incluso en el mercado formal, gana bastante menos que el salario mínimo mensual y que una forma habitual que usan algunas empresas para apretar costos laborales cuando se los suben es ajustar la jornada a la baja o fraccionar el pago entre una parte formal y una parte, digamos, “en efectivo”, lo que de nuevo limita la efectividad de la legislación.

Pero además tenemos el tema de la informalidad laboral. En un país con un tercio del mercado laboral informal es improbable que medidas administrativas como la ley 40 horas o el salario mínimo tengan grandes efectos distributivos. Más en el caso del salario mínimo, si es que los trabajadores de bajos ingresos se encuentran más que proporcionalmente concentrados en la informalidad. O sea, justo los que se supone que quieres favorecer están fuera del alcance de la política. Y si además una forma de evadir la ley es formalizarse… peor.

Los temas centrales de una agenda política pro trabajadores moderna debiera tener al centro de sus preocupaciones la formalización laboral. Sin eso, el impacto de muchas de estas políticas será, así es, predominantemente “simbólico”. Esa política debiera, además, concentrarse en financiar, promover y potenciar el re-entrenamiento de buena parte de nuestros trabajadores, sin lo cual será muy difícil que progresen y se adapten a la economía que viene (que digo, que ya está acá). Pero por sobre todo, debiera concentrarse en que Chile vuelva a tener una estrategia de desarrollo y que esa estrategia incluya el fomento de sectores de trabajo intensivos.

La izquierda necesita modernizar su mirada del mercado laboral. Tener una perspectiva autocrítica y colocar al centro de sus preocupaciones el interés de los trabajadores de Chile, no la nostalgia por políticas que corresponden a otra época del capitalismo. Si las políticas laborales implementadas en años recientes hubieran sido tan efectivas, no tendríamos una MIL real per cápita al mismo nivel que hace casi seis años y no tendríamos el predominio político y electoral de la ultraderecha entre los sectores populares de nuestro país.

Eppur si muove.