Corría el 3 de noviembre de 2018, cuando el abogado Nicolás Hadwa envió un correo a la Municipalidad de Vitacura para pedir una serie de antecedentes por el cierre del bar restaurante Club 54, ubicado en Escrivá de Balaguer Nº 6400, local N°12.

Hacía sólo cinco meses que los empresarios Jader Hadweh y Patricio Pino habían abierto el recinto en el centro gastronómico de BordeRío, pero enfrentaban problemas y hoy tienen deudas que superan los $250 millones. El 3 de octubre de ese año fiscalizadores municipales de la administración de Raul Torrealba clausuraron el local debido a que estaba funcionando sin la patente adecuada. La municipalidad argumentó que el local debía ejercer exclusivamente como “restaurante”, y que no tenía patente para operar como “salón de baile” o “discoteca”.

“Es fundamental que se conozca, por este medio, el grave perjuicio que afecta a Club 54 BordeRío, cuyo daño a la imagen es invaluable. El arriendo mensual del local es de $15 millones más IVA. El costo del personal contratado supera los $20 millones mensuales. A ello se suman equipos arrendados, con multas de $1 millón diario por retraso en su devolución. Los servicios externos contratados implican otros $15 millones mensuales. El daño es enorme: estamos frente a una situación ilegal e injusta”, consignó el correo de Hadwa.

A siete años del polémico fin del bar, sus dueños se resisten al fracaso y el 12 de septiembre de 2024, Club 54 BordeRío SpA interpuso una querella criminal ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto delito de prevaricación en contra de un grupo de exjueces de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

La sociedad acusa que los exministros fallaron “a sabiendas contra ley expresa y vigente” y que sus sentencias, en especial aquellas que revocaron decisiones favorables al local, fueron dictadas sin fundamento legal y mantuvieron la clausura de su establecimiento de forma “perpetua”.

Los querellados son los exministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, María Eugenia Sandoval, Mario Gómez, Jorge Zepeda, Rosa Leonor Etcheberry; los abogados integrantes Julio Pallavicini y Álvaro Quintanilla, y los ministros de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa y Fernando Valderrama.

El 16 de septiembre de 2024, el tribunal declaró admisible la querella y 15 días después el abogado Jaime Vera asumió la representación de la exjueza María Eugenia Sandoval. Lo mismo hicieron el pasado 23 de marzo de 2025, Ciro Colombara y Aldo Diaz, quienes representan a Julio Pallavicini. De la misma manera, el lunes 28 de abril el abogado Carlos Mora Jano, asumió la defensa de la exjueza Angela Vivanco, quien fuera removida de su cargo por posibles irregularidades.

Clave

Según la acción penal, Juan Sebastián Gardeweg Ried, abogado y entonces subdirector de Rentas Municipales de Vitacura, fue el funcionario clave en la clausura del local. La acción judicial sostiene que Gardeweg no solo lideró las fiscalizaciones junto a otros funcionarios, sino que reconoció haber adulterado el acta de fiscalización del 25 de octubre de 2018, documento que resultó fundamental para mantener cerrado el establecimiento.

Este hecho se enmarca en una causa tramitada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la sociedad querellante imputó los delitos de falsificación de instrumento público, asociación ilícita, fraude procesal y obstrucción a la investigación. Pese a que -según se afirma- el propio Gardeweg admitió haber modificado el contenido del acta, eliminando un párrafo que recomendaba levantar la clausura, la Fiscalía comunicó en 2023 su decisión de no perseverar. Aunque la jueza Ximena Rivera rechazó inicialmente el sobreseimiento, la Corte de Apelaciones de Santiago lo decretó de forma definitiva en julio de 2024, con los votos favorables de los ministros Antonio Ulloa y Fernando Valderrama. La abogada integrante Catalina Infante votó en contra.

La querella plantea que la motivación detrás de estas acciones habría sido favorecer al Bar Monseñor, operado por Astro SpA, un local vecino que, pese a múltiples sanciones por operar sin la patente correspondiente, nunca fue clausurado. A diferencia de este, Club 54 fue cerrado con una sola fiscalización y sin sentencia infraccional en su contra. Para los denunciantes, esto revela una conducta arbitraria destinada a proteger intereses particulares, en una supuesta coordinación al interior del municipio.

El escrito también destaca que Gardeweg fue representado por el abogado Ignacio Ried Undurraga, socio del estudio QRF Abogados, donde figura Carlos Künsemüller Loebenfelde, exministro de la Corte Suprema. Según la querella, esta red de vínculos habría influido en resoluciones clave. Asimismo, apunta a una posible protección política al Bar Monseñor durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba, también querellado en la causa.

Episodios

El primer episodio cuestionado es el fallo de la Corte Suprema del 13 de septiembre de 2019, en el recurso de apelación, donde los entonces ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, junto a los abogados integrantes Julio Pallavicini y Álvaro Quintanilla, revocaron una sentencia de la Corte de Apelaciones que había dejado sin efecto el decreto de clausura y ordenado la reapertura del local. La querella afirma que esta resolución se emitió sin pronunciarse sobre el fondo del recurso, omitiendo analizar si hubo vulneración de garantías constitucionales, y sin referirse a los antecedentes acompañados, como la existencia de documentos municipales cuya autenticidad estaba en entredicho.

El segundo hito corresponde al fallo del 31 de julio de 2020, dictado en el recurso de casación por los ministros Muñoz, Sandoval, Mario Gómez y Jorge Zepeda, junto a la abogada integrante Rosa Leonor Etcheberry. En esa sentencia, la Corte Suprema acogió un recurso de la Municipalidad de Vitacura y dejó sin efecto una resolución que reconocía el derecho de Club 54 a reclamar perjuicios por la clausura. Según la querella, en ese proceso los jueces tuvieron a la vista tanto el acta original como la modificada del 25 de octubre de 2018 y un dictamen reconsiderado por la Contraloría, además de la declaración de Juan Sebastián Gardeweg en la que admite haber alterado el documento. Pese a ello, se resolvió en favor del municipio.

El tercer episodio que motiva la querella corresponde a la causa iniciada por Club 54 BordeRío ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en 2018. En esa causa, la empresa acusó a funcionarios de la Municipalidad de Vitacura -entre ellos Juan Sebastián Gardeweg, subdirector de Rentas Municipales, y Erick Carrillo, jefe del Departamento de Inspección- por los delitos de falsificación de instrumento público, asociación ilícita, fraude procesal y obstrucción a la investigación. El origen de la denuncia fue la clausura del local, que según la parte querellante, se basó en documentos adulterados, particularmente actas de fiscalización que habrían sido modificadas para aparentar que el club estaba funcionando sin la patente correspondiente.

Club 54 sostuvo que uno de esos documentos clave -el acta del 25 de octubre de 2018- fue alterado por el propio Gardeweg, quien habría reconocido ese hecho en su declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, pese a ese antecedente, el 24 de julio de 2024 la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Antonio Ulloa, Fernando Valderrama y la abogada integrante Catalina Infante, decretó el sobreseimiento definitivo de Gardeweg y Carrillo, argumentando que los hechos investigados no constituían delito y que la carpeta investigativa no contenía antecedentes suficientes para sostener una acusación.