Por Matías VeraMinera Zaldívar se suma a arremetida en consulta que busca declarar área protegida en el salar de Atacama
Al cierre del proceso de consulta se sumaron dos empresas más vinculadas al salar de Atacama. Minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals, dice que las áreas protegidas se interponen con su proyecto aprobado en 2023, cuya inversión alcanza los US$1.300 millones. Wealth Minerals reclama que el área protegida se superpone con sus concesiones de litio.

Las empresas Zaldívar, de Antofagasta Minerals (AMSA), y Wealth Minerals (WM) Chile, alcanzaron a participar del proceso de observaciones de la consulta pública que ha liderado el gobierno para declarar áreas protegidas en el salar de Atacama.
La consulta fue impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente a mediados del año anterior. El proceso se cerró el 12 de febrero pasado y contó con diferentes observaciones de compañías mineras, entre ellas Codelco, Albemarle y empresas ligadas al grupo Errázuriz.
También se sumó el gremio minero Sonami. Principalmente, acusaron falta de información en el proceso y sobreposición de proyectos con el área protegida, que abarcaría un total de 76 mil hectáreas al borde este del salar.
La minera Zaldívar recuerda que la propuesta de la creación de la “Red de Salares Protegidos” se acordó en marzo de 2024 por el Comité de Ministros para la sustentabilidad y el cambio climático. En esta, dice la firma, “se señala que uno de los criterios de exclusión de la propuesta de la red de protección de salares fue la identificación de presencia de faenas mineras de explotación de minerales, aquellos en los que se encuentren desarrollándose en cualquier fase proyectos del Estado, y los salares fronterizos”.
La empresa argumenta que “el Ministerio de Medio Ambiente ha omitido la publicación de la información científica, técnica y jurídica sobre cuya base se funda la propuesta, lo cual es esencial para la validez de este proceso de consulta pública y para la debida motivación del acto que le ponga término”, dijo la empresa en su observación.
La compañía de AMSA agrega que “no existen antecedentes suficientes en el expediente de la consulta pública que permitan sustentar el polígono propuesto para el ACMU (Área de Conservación de Múltiples Usos) Soncor (...) No se comprenden las razones científico-técnicas para crear un ACMU en el área de Soncor. Lo anterior, toda vez que en el polígono propuesto existe un amplio resguardo del territorio a través de las áreas colocadas bajo protección oficial”.
Específicamente, Zaldívar indica que la propuesta se superpone a un proyecto que la empresa tiene aprobado desde mayo de 2023. Se trata de la iniciativa “extensión de vida útil con transición hídrica”, cuya inversión reportada alcanza un total de US$1.200 millones. Este proyecto extenderá la vida útil de la faena hasta el 2051.
“Desde ya se advierte que esto generará problemas en el desarrollo del proyecto el cual se encuentra en curso, en el sector que existe dicha superposición”, apunta la empresa en las observaciones. Por ello, Zaldívar asegura que “resulta necesario y urgente, que el polígono propuesto para el ACMU Soncor, sea delimitado y reevaluado por parte de la autoridad en los términos en que ya se ha solicitado en esta presentación”.
“Adolece de vicios técnicos profundos”
La canadiense Wealth Minerals cuenta con tres proyectos en Chile. Uno de ellos, el proyecto Yapuckuta, dispone de concesiones en el salar que abarcan un total de 46 mil hectáreas, titularidad que tiene la empresa en el salar desde hace más de una década, afirma. Esa información es detallada por la firma en su página web, donde afirman que sus instalaciones comprenden un tercio de la producción mundial de litio.

“Adolece de vicios técnicos profundos, imprecisiones en su delimitación territorial y falta de sustento científico respecto a la interacción entre recursos minerales del subsuelo y los ecosistemas superficiales. Asimismo, el proceso administrativo presenta deficiencias procedimentales relevantes y vulneraciones al ordenamiento jurídico, que comprometen gravemente la seguridad jurídica de los inversionistas privados y la posición estratégica de Chile en el mercado global del litio”, dice la observación de WM.
La afectación del área protegida que acusa la compañía es la superposición sustancial con sus concesiones. La firma dice que las concesiones no son “meras expectativas, sino derechos reales plenamente vigentes”. En estas ha invertido unos US$14 millones.
“Constituye una vulneración de la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo de proyectos de largo plazo”, deslizó la empresa, “al declarar la zona de Soncor como un área protegida bajo un régimen jurídicamente incierto, el Estado de Chile estaría impidiendo de facto la exploración y explotación de salmueras con litio y otras sustancias minerales contenidas en la propiedad minera de WM Chile”.
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