Un paso clave dio el miércoles el proyecto de ley de permisos sectoriales, que busca disminuir la llamada permisología. La iniciativa fue aprobada y despachada en la Comisión de Hacienda del Senado y ahora deberá seguir su tramitación en la sala para luego pasar a la Cámara de Diputados para que revise los cambios realizados y quedar listo para ser promulgada.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

Al agilizar los permisos tendrá un impacto directo en el crecimiento de largo plazo del país, que según estimó la llamada comisión Marfán, sería del orden de 0,3 puntos más de crecimiento si se considera una reducción del 30% de los permisos. Sin embargo, desde el gobierno afirman que, con los cambios introducidos en la discusión en el Senado, podría haber incluso un mayor impacto en la reducción de los tiempos.

Entre los principales cambios que mejoraron el proyecto, en el Ejecutivo destacan el hecho de que se permitirá tramitar en paralelo los permisos, lo que significa que los titulares de proyectos puedan solicitar en forma paralela todas las autorizaciones asociadas a un proyecto de inversión generado una mejora significativa en los tiempos.

Otro de los temas que baja los tiempos son las declaraciones juradas en reemplazo de los permisos para cierto tipo de proyectos de inversión de bajo riesgo. Otro de los cambios es la implementación de los silencios administrativos positivos. Esta herramienta se aplica en casos de permisos donde la falta de respuesta de la administración dentro del plazo legal se considera una aprobación tácita de la solicitud. Esto facilita la tramitación de permisos, evitando que la demora administrativa retrase proyectos o actividades

Otra modificación que acelerará los plazos es la ventanilla única. Esta es una plataforma digital del Estado que para tramitar de forma digital y centralizada todos los permisos sectoriales que requiere un proyecto para su aprobación, permitiendo seguir su avance de manera transversal en todos los organismos de la administración del Estado donde se encuentre tramitando un permiso. Y la nueva oficina de autorizaciones que monitoreará el funcionamiento de los permisos.

Desde el Ejecutivo comentan que “los cambios mejoraron el proyecto en el sentido de que lo hicieron más ambicioso en reducción de tiempo, sin reducir el estándar regulatorio”.

Los plazos para su implementación

El Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública del pasado 1 de junio marcó de alguna manera la cancha para el avance de este proyecto, puesto que se puso como meta que estuviera aprobado durante junio. Y al parecer los plazos fijados se podrían concretar.

La próxima semana lo debería analizar la sala del Senado y luego la siguiente semana la Cámara de Diputados. Si todo marcha bien y no se forma una comisión mixta para revisar algunas materias que no les hayan gustado a los diputados, el proyecto sería despachado a ley a fines de este mes quedando listo para ser promulgado.

Esa fecha importa porque la implementación que tiene esta nueva ley es gradual. De acuerdo a la normativa el proceso de puesta en marcha tiene distintos plazos, comenzando con algunas medidas que comienzan al mes de la promulgación, otras en dos meses; 4 meses; 6 meses, 9 meses hasta llegar a régimen en un año de plazo.

Así, si se termina de tramitar en junio, el escenario más probable es que se promulgue en julio. De ser así, la totalidad de los cambios deberían estar en vigencia en julio del 2026.

Los reparos

Pero no todos están quedando conformes con el proyecto. Si bien valoran que se busque acelerar los procesos de permisos para impulsar la inversión, se mantienen algunas visiones críticas.

Simón Pinto, abogado del programa legislativo de Libertad y Desarrollo (LyD) plantea que “el gobierno ha dicho que esta iniciativa podrá reducir entre un 30% y 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, lo cual es una meta ambiciosa, pero buena y deseable”. No obstante, sostiene que “para que esto ocurra, será indispensable que todas las herramientas que contempla la ley, como la clasificación de permisos, las declaraciones juradas o el sistema de ventanilla única, entren efectivamente en operación, lo que ocurrirá solo en el mediano o largo plazo, y muy probablemente en la próxima administración”, afirma.

Para Pinto, “en un escenario optimista, los efectos podrían comenzar a percibirse en entre 2 y 4 años, ya que son muchos los órganos y procedimientos sectoriales que deberán ajustarse al nuevo marco normativo”.

Desde la otra vereda, la crítica apunta a que podría generar una vulneración en términos ambientales.

“La discusión en el Senado, en particular de la Comisión de Economía, hizo varios cambios a este proyecto, que lo hace aún más regresivo en términos ambientales. La alerta está en que este proyecto de ley podría autorizar actividades con impactos ambientales sin la debida evaluación”, indica Carolina Palma, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA.

En ese sentido, explica que “el proyecto modifica leyes sectoriales y otorgará autorizaciones incluso con una simple declaración jurada, sin evaluación ambiental. Esto en actividades mineras, de construcción o de aguas, por ejemplo. Además, no contará ni con participación ciudadana ni con consulta indígena”.