Una primera estadística que se puede revisar respecto del flujo migratorio del que ha sido objeto Chile en los años recientes es la que dice relación con la cantidad de visas que se entregan. En ese sentido, 2025 terminó con una recomposición, ya que los ciudadanos bolivianos que llegaron al país desplazaron a los venezolanos.

Desde 2017 los venezolanos lideraban en la entrega del visado para poder trabajar en Chile, pero sostenidamente la fuerza laboral boliviana ha venido ganando presencia y protagonismo.

De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Migraciones, el año pasado se entregaron 196.933 visas, lo que se tradujo en un alza de 102% en comparación a las 97.419 otorgadas en 2024.

De ese total de permisos para trabajar en 2025, el 60% fue para bolivianos, con 116.828 visas otorgadas, seguido por ciudadanos de Venezuela que bajaron al segundo lugar con 24.609 visas, lo que representó el 12,5%.

Un segundo análisis sobre este arribo de extranjeros a Chile, da cuenta de la recaudación fiscal que se obtiene por el pago de tales visas. Al respecto, según el mismo Servicio Nacional de Migraciones, entre 2022 y 2025 el Fisco chileno percibió ingresos de $62.884 millones, unos US$73 millones, por este concepto.

En el desglose de esa cifra se obtiene que las visas de residencia definitiva acumulan $40.049 millones, del orden de US$46 millones, concentrando la mayor parte de este tipo de ingresos, mientras que las visas de residencia temporal suman $22.834 millones, alrededor de US$26 millones.

En el cuatrienio analizado, el año individual con mayor recaudación por pago de visas fue 2023, llegando a $28.258 millones (US$33 millones). Desde el Servicio Nacional de Migraciones detallan que “esto se debe a la implementación del Programa Rezago, que permitió agilizar la resolución de residencias definitivas pendientes de años anteriores, mediante la incorporación de un mayor número de funcionarios a esta labor”.

También se menciona que “los ingresos por residencias definitivas concentran la mayor parte de la recaudación total, consolidándose como el principal componente de los ingresos asociados al pago de derechos”. Mientras que, a partir de 2025, “las residencias temporales adquieren mayor protagonismo relativo”, se establece.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, afirma que “cobrar por el otorgamiento de los permisos es una obligación legal”. Y si bien menciona que la definición de cuántas visas se entregan y a quiénes, no depende del criterio de los ingresos que va a obtener el Estado por otorgar o no aquellas autorizaciones, sí es un factor a considerar cuando se analiza la contribución de los extranjeros a la economía de un país”.

Por su parte, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Rodrigo Sandoval, señala que “estos US$73 millones no son solo un número. Son el reflejo de una migración en tránsito desde la informalidad a la institucionalidad, desde la emergencia a la normalidad, y desde la percepción de carga hacia una comprensión más madura de la movilidad internacional como factor estructural de la demografía y la economía chilena”.

El abogado experto en materias de migraciones asegura que “las cifras muestran que la regularidad migratoria no solo ordena, sino que fortalece la capacidad estatal. Los procesos extraordinarios de regularización —bien diseñados y acotados— no son una anomalía, sino herramientas legítimas de gobernanza, especialmente cuando existen grandes bolsones de irregularidad heredada”.

Asimismo, plantea que las políticas regulares, claras y accesibles de acceso a la regularidad reducen la informalidad, mejoran la recaudación, fortalecen la fiscalización laboral y disminuyen los costos sociales asociados a la exclusión. “En este sentido, la regularidad no es una concesión, sino una inversión pública inteligente”, concluye.