El martes, la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo técnico dependiente del ministerio del ramo, citó a los ejecutivos de empresas de distribución eléctrica para informarles sobre el inicio de un nuevo proceso de fijación de tarifas del rubro, correspondiente al periodo 2024-2028, en el que el Ejecutivo se jugará por una baja.

La idea del gobierno, dijeron fuentes conocedoras del proceso, es que quede encaminado durante esta administración para que el siguiente gobierno sea el encargado de cerrarlo.

El proceso de fijación del llamado Valor Agregado de Distribución (VAD) se realiza normalmente cada cuatro años, pero debido al estallido social y la pandemia del Covid-19, el calendario se desordenó y se retrasó. Por ello, la última fijación, que correspondía al cuatrienio 2020-2024, recién pudo cerrarse en 2022. Así, el próximo año con toda probabilidad el futuro gobierno será el que deba promulgar el decreto atrasado que establece el VAD para el lapso 2024-2028.

El VAD corresponde a un costo medio que incorpora todos los costos de inversión y funcionamiento de una empresa modelo o teórica de distribución, que opera en el país de manera eficiente en cuanto a sus inversiones y su gestión, por lo que no reconoce necesariamente los costos efectivamente incurridos por la empresa real.

Según fuentes de la industria, el VAD representa hoy en día en términos reales entre el 15% y el 20% del precio final que debe pagar el consumidor, cerca del 10% lo representa el negocio de la transmisión y el 70%-75% restante del peso se lo lleva la generación, principal responsable de las alzas que han sufrido las tarifas eléctricas en el último tiempo.

Para que los tiempos de fijación del VAD puedan cumplirse, este proceso normalmente parte con alrededor de un año de antelación. Por eso, el primer paso del proceso tarifario ya se realizó, donde la CNE solicita a un consultor un informe. Este reporte, que fue entregado hace cerca de un mes, sugería un alza del 13% en el VAD.

Sin embargo, pese a la recomendación del consultor y tras una evaluación de su informe, la CNE dio a conocer a las distribuidoras que el VAD debiera bajar un 3%, debido a factores que el experto no habría tenido en consideración.

“Hay una diferencia importante” entre lo que dice el consultor y lo que señala la CNE, ratificaron fuentes conocedoras del proceso.

Y esta conclusión debiera venir en el Informe Técnico Preliminar (ITP) que la CNE emitirá próximamente.

Por qué bajar y no subir

Hay al menos dos razones que esgrime la CNE para proponer una baja: 1. Considera que el consultor, a la hora de estimar las pérdidas de energía, utilizó información que le enviaron las distribuidoras en dos formatos distintos, una anualizada y otra considerando el cuatrienio acumulado, por lo que el consultor las sumó sin su valoración anual, lo que sobredimensionaba las pérdidas. Y 2. que el experto consideró un alza en los precios de la mantención de unos instrumentos llamados desconectores de línea, pero estos desconectores en baja tensión, que son los que corresponden a este rubro, no se mantienen, sino que se cambian de una vez, por lo que sus costos de mantención no debieran considerarse.

Por el lado de la autoridad estiman que estos son argumentos razonables para respaldar una baja y no un alza tarifaria, aunque es muy probable que las distribuidoras van a oponerse.

Cuando las distribuidoras reciban oficialmente el ITP, tendrán un mes para hacer sus observaciones.

Luego, la CNE deberá emitir su Informe Técnico Final, el que se prevé para fines de año, aproximadamente.

Ante las eventuales diferencias que puedan existir con las empresas, este informe deberá ser evaluado por un Panel de Expertos, que normalmente se ha tomado alrededor de dos meses en estudiarlo y realizar sus recomendaciones.

“Todos los VAD han llegado al panel”, recuerda una fuente.

Con estas recomendaciones, la CNE debe emitir un Informe Técnico Definitivo, que recoge lo señalado por el panel y a partir del cual se establece el llamado Pliego Tarifario para emitir el decreto, que debe ir a Contraloría para su revisión y posterior promulgación. La idea de esta administración es dejar enviado el decreto al organismo contralor, aunque conocedores del proceso lo ven poco probable: “Los tiempos no dan”, dijo un conocedor.

Dados los tiempos previstos para cada paso, y sin mediar retrasos de última hora, es probable que no antes de mediados del próximo año se publique el decreto en el Diario Oficial.