La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) presentó un recurso ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago donde rechaza el proyecto de Parque Nacional Desierto Florido en la Región de Atacama en las condiciones en las que lo quiere sacar adelante el actual gobierno.

El gremio, explicaron fuentes conocedoras del tema, no se opone a la creación del santuario natural sino a su extensión, pues el Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado una superficie mucho más amplia de la originalmente planteada y que cubre varias concesiones mineras.

El recurso de reclamación, presentado el 24 de julio pasado y declarada admisible el 6 de agosto por la corte especializada, va “en contra de la Resolución Exenta N° 396, del 9 de junio de 2025, del Ministerio de Bienes Nacionales, que resolvió de manera administrativa la solicitud de invalidación presentada por Sonami en contra del Decreto Supremo N° 12 del 8 de marzo de 2023″, de la misma cartera, donde se creaba el Parque Nacional Desierto Florido (PNDF) en la comuna de Copiapó, Región de Atacama.

La acción legal está suscrita por el presidente de Sonami, Jorge Riesco, quien fue asesorado por la abogada ambiental Paulina Riquelme.

En pocas palabras, el recurso plantea que el Ejecutivo contaba con tres alternativas para definir la superficie que debiera contener a esta área protegida: 1. un área de 37.668,11 hectáreas (hás), constituido por terrenos fiscales, que excluye concesiones mineras de exploración, de explotación y en trámite; 2. una superficie de 41.313,67 has, también de terrenos fiscales, que considera incluir concesiones de exploración minera; y 3. un área de 43.491 ha. de terrenos fiscales, que considera la inclusión de concesiones de exploración y explotación minera en trámite.

Según conocedores de la demanda, tanto “el Ministerio de Agricultura como Conaf recomendaron la menos gravosa para concesiones mineras”, es decir, la primera fórmula. Pero el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), en un oficio enviado a Bienes Nacionales en octubre de 2022, le solicitó ampliar el polígono. “Este ministerio ha trabajado en una propuesta reforzada de polígono propuesto como parque nacional, de manera de otorgar un mayor resguardo e integridad al ecosistema presente, sus funciones ecológicas y las interrelaciones de la flora y fauna nativa existentes, la cual considera una superficie aproximada de 61 mil hectáreas”, señala el documento firmado por la ministra Maisa Rojas.

Así, se podría otorgar “protección efectiva a cerca del 9% del SP (sitio prioritario) “Desierto Florido”, el cual posee una superficie aproximada de 671.665 has", explicó.

En el mismo oficio, la ministra “considera como criterio la inclusión de la totalidad de las concesiones mineras (explotación y exploración), tanto otorgadas como en trámite”, aunque plantea que debiera “evaluarse la exclusión de las actuales faenas mineras en operación”.

Según la demanda, este criterio fue incluido por el Ejecutivo “sin mayor estudio ni análisis de su efecto”.

Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales declaró que cuando el Fisco es demandado los antecedentes son analizados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), además de ser quien representa sus intereses en la tramitación ante tribunales de justicia.

“El Ministerio de Bienes Nacionales tiene el compromiso de trabajar coordinadamente con el CDE y respeta el ejercicio de medidas administrativas y judiciales que las personas, instituciones o gremios empresariales estimen pertinentes para sus intereses”, señaló el MBN.

Una larga historia

Hace 28 años fue la primera vez que una autoridad se pronunció para proteger el fenómeno desértico que ocurre cada cierto tiempo al sur del Desierto de Atacama, principalmente en la III Región.

En 1997, el gobierno regional la declaró “zona de protección”. Una década después, la Comisión Regional de Medio Ambiente acordó aprobar una propuesta regional de área protegida al Desierto Florido y en 2009 el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) destinó terrenos para ser protegidos.

En 2015, el gobierno regional actualizó su resolución de 1997 para la protección del fenómeno. Y ya en 2021, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) elabora un informe técnico donde justifica la creación de un área protegida llamada Desierto Florido Chañarcillo e informa al Ministerio de Agricultura (Minagri) la superficie que podría tener el parque y las concesiones mineras que incluye.

En 2022, la Conaf elabora un informe técnico donde justifica que esta área protegida sea un parque nacional. El mismo año, el MMA envía el controvertido oficio a Bienes Nacionales y el Minagri remite al MMA una propuesta de Parque Desierto Florido.

El 5 de diciembre, el Ministerio de Minería emitió una minuta donde advierte sobre la superposición de la propuesta de parque con propiedad minera, indicando que un 6,71% del área corresponde a propiedad minera de exploración (4.037 ha) y un 62,75% a propiedad minera de explotación (37.471 ha). “Un total de 376 concesiones mineras se verían directamente afectadas por la declaración del Desierto Florido como Parque Nacional”, alerta según el recurso.

Así, el 22 de diciembre de 2022, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprueba la creación del Parque Nacional Desierto Florido, con una superficie de 57.111 ha, muy similar al área solicitada por la ministra Rojas. A inicios de 2023, la Contraloría aprueba el decreto con algunos alcances, donde pide reducir la superficie, y el 12 de junio de 2023 se publica el decreto supremo que crea el Parque Nacional Desierto Florido con un polígono de 57.107,4 ha.

El 23 de agosto de 2024, la Sonami presentó una solicitud formal de invalidación del decreto ante el MBN por una serie de vicios de ilegalidad, pero el 9 de junio el ministerio rechazó tal petición.