A las 12.05 del jueves, Diego Pardow entró al palacio presidencial relajado. Asumía que el diseño establecido con La Moneda para enfrentar la crisis de las cuentas de la luz se seguiría al pie de la letra. Sin embargo, veinte minutos después, bajó cabizbajo por una escalera lateral sin hacer declaraciones. El Presidente Gabriel Boric lo había sorprendido modificando el plan.

Si hasta el mediodía, el diseño consideraba que el fusible a quemar era el del jefe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el tamaño del cortocircuito no sólo alcanzó a su hoy exsecretario ejecutivo Marco Mancilla, sino que también electrocutó a Pardow. Tuvieron que responder con sus cargos por la responsabilidad política del error metodológico en la fórmula de cálculo de las tarifas, que hoy le está costando a todos los consumidores pagar US$115 millones adicionales de lo que corresponde por la electricidad.

Fueron tres razones las que acumuló Boric para tomar esa decisión con uno de sus más fieles colaboradores, que asumió en septiembre de 2022 tras formar parte del grupo asesor presidencial.

El Mandatario no concibió que en tres años de administración el Ministerio de Energía no hubiese reparado en el error y que Pardow no le hubiese informado en septiembre de esta situación, cuando se enteró de la anomalía, según el secretario de la CNE, como publicó La Tercera. A eso Boric le agregó, según otras fuentes de palacio, que el escándalo estaba tomando ribetes políticos difíciles de revertir en medio de una campaña electoral, puesto que el ministro arriesgaba una acusación constitucional con votos suficientes para aprobarse, con los consecuentes costos para las candidaturas oficialistas y el propio Pardow, que quedaría imposibilitado de asumir cargos públicos por cinco años.

Pero Pardow ya cargaba con episodios que habían mermado su imagen pública y lo habían enemistado con varias empresas, más allá de la responsabilidad que le cupiera en los hechos. Uno, el peor corte de luz de la historia del sistema eléctrico nacional, del pasado 25 de febrero de 2025, que afectó al 98,5% de la población y por el cual se han levantado cargos contra el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y ocho compañías, entre generadoras y transmisoras. Seis meses antes, el apagón de agosto del 2024, cuando vientos anormales hicieron caer la red eléctrica de Santiago, lo que acarreó la amenaza del hoy exministro de quitarle la concesión de la distribución eléctrica metropolitana a la italiana Enel, proceso que aún no concluye. Eso, sin nombrar los constantes choques que ha tenido con la industria por normativas que ha intentado impulsar, como con los pequeños generadores de energías limpias, dado los impactos que estos han detectado en su contra.

Y quizás el mayor costo que ha debido pagar Pardow está justamente relacionado con las tarifas. En los últimos 16 meses, las cuentas de la luz han subido hasta un 80%, luego de que el gobierno iniciara el proceso de devolución, a las empresas eléctricas, del dinero que no se les pagó por el congelamiento de tarifas, entre 2019 y 2023, ejecutada por el gobierno de Sebastián Piñera, y que recién pudo hacerse a contar de junio de 2024.

Un hallazgo de casualidad

Justamente fue el descongelamiento de tarifas el detonante del peor cortocircuito que sufrió Pardow.

El hecho de que en cuatro años ni las tarifas de generación ni las de distribución se ajustaran como obliga la ley, acumuló una deuda con las empresas proveedoras de energía del orden de los US$6 mil millones. Y con las de distribución, de entre US$800 millones y US$1.000 millones.

Para entenderlo es mejor explicar cómo funciona la fijación de tarifas.

El valor que paga la distribuidora a la generadora por la energía que abastece a sus usuarios es el llamado precio nudo y se fija cada semestre, pues varía dependiendo de varios factores como el tipo de cambio, los precios del petróleo y la hidrología. La tarifa que cobra la distribuidora por su servicio se llama Valor Agregado de Distribución (VAD) y se establece cada cuatro años, sobre la base de una empresa modelo eficiente. Y los peajes de transmisión también se definen semestralmente, en razón de la infraestructura disponible y los proyectos previstos.

El organismo encargado de fijar estas tarifas es la Comisión Nacional de Energía.

Entonces, la gran suma acumulada de dinero adeudado en el periodo de congelamiento obligó a la autoridad a definir la manera en que se pagaría a las empresas. Así, en 2024 el Congreso aprobó la ley 21.667, que descongela las tarifas eléctricas y establece un procedimiento de pago de la deuda con las generadoras. La idea era que no se pagara todo de una vez, sino gradualmente. Así, la CNE debió calcular cuánto, cómo y en cuánto plazo se reliquidaba. Y en cada fijación semestral de precio nudo incluía una fórmula para la reliquidación con el costo financiero asociado.

La Ley de Servicios Eléctricos, en su artículo 192, dice que las reliquidaciones “serán reajustadas de acuerdo al interés corriente vigente a la fecha de publicación de las nuevas tarifas”. Pero la ley no dice claramente cuál interés corriente aplicar, pues hay muchas tasas de interés corriente que varían en si son reajustables o no, en su plazo o incluso dependiendo del monto de la deuda.

Esta duda es central en el eje de esta historia y explica por qué se habla de que fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y no la CNE la que descubrió el error, como concordaron ocho fuentes consultadas. Un anticipo: efectivamente fueron funcionarios de la SEC los que lo detectaron, pero de manera casual.

Cuatro conocedores de esta historia fueron hilvanando sus capítulos.

La SEC, además de su rol de fiscalizador, debe calcular el mecanismo de reliquidación a las distribuidoras. Por ello, recibió consultas de las distribuidoras referidas al valor total a reliquidar. La SEC, a su vez, les pidió el detalle de las diferencias producidas y el mecanismo de reajuste que usaban.

Como las empresas plantearon distintas maneras de reajustar, la SEC optó por consultar a la CNE cómo desarrollaba su propio proceso de reliquidación a las generadoras y qué interés aplicaba para hacerlo.

Funcionarios de la CNE citaron a fines de junio a una reunión a sus colegas de la SEC. Allí, la CNE hizo una presentación donde se mostró una modelación que explicaba su manera. Señalaban que para calcular el costo financiero del atraso usaban la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional a 90 días para operaciones superiores a 5.000 UF, que publica regularmente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sumada al IPC acumulado. Así como lo decía el artículo 17 letra i) de la Resolución Exenta 342 de 2021. Aunque este inciso tenía una indicación final relevante: dice “según corresponda”.

A los ingenieros de la SEC les llamó la atención que usaran una tasa que ya incluía el IPC y que se le agregara otro IPC. Y se lo hicieron saber a sus colegas de la CNE. Estos lo admitieron y respondieron que en su repartición se venía haciendo así. Y desde la CNE le propusieron a la SEC aplicar de este modo el reajuste con ese doble IPC. Pero les quedó la duda. La misma duda que se llevaron sus colegas a la SEC.

No hay constancia de lo que ocurrió en la CNE entre junio y septiembre, mes en que el exministro Pardow fue informado de la corrección de este error, como dijo el también despedido secretario ejecutivo de la CNE. Pero Mancilla afirmó también que la equivocación la había descubierto “el equipo técnico de la CNE, producto de que tenemos sistemas bastante sofisticados”. No hizo referencia a la iteración con la SEC.

Como consecuencia de la duda que quedó de la reunión de junio, el mes pasado la SEC solicitó una reunión a la CMF para aclarar cómo aplicar el reajuste. El encuentro aún no se concreta. Como consta en un documento que publicó Ex-Ante, el 16 de septiembre el jefe de la División Eléctrica de la SEC, Cristián Illanes, pidió agendar una reunión a la directora general de estudios de la CMF, Nancy Silva, “para aclarar la tasa de interés y el procedimiento de reajuste de las diferencias del decreto”.

Ahora, ambos procesos, tanto el de la CNE como el de la SEC, siguen su curso.

En el caso de la CNE, el error viene corregido en el Informe Técnico Preliminar (ITP) de los precios nudo que comienzan a regir el 1 de enero, pero aún falta que las empresas realicen sus comentarios al ITP antes de que la autoridad emita su Informe Técnico Definitivo (ITD), que establece las nuevas tarifas, lo que debiera ocurrir antes de fin de año.

De este modo, según lo afirmado por Pardow, al inicio del año 2026 debiera verse reflejado en las cuentas de la luz una baja de aproximadamente un 2% promedio a nivel nacional como devolución de los cerca de US$115 millones pagados de más por los clientes residenciales entre julio de 2024, cuando entró a regir la ley, y diciembre de 2025. “Son cerca de $112 mil millones, dividido por 8 millones de medidores, son casi $17 mil si se prorratea por cada usuario”, calcula Humberto Verdejo, profesor de ingeniería eléctrica de la Usach. Pero ese monto no será a todos por igual, pues va a depender de la zona en que se encuentre. En la Metropolitana será cerca de un 1% de rebaja de su cuenta, mientras que en Valparaíso o Coquimbo será del 6% o más.

Ahora, algunos expertos han advertido que esta baja será un “veranito de San Juan”, puesto que, como será devuelto el dinero todo de una vez, las tarifas deberán recobrar la normalidad en los meses siguientes, por lo que volverán a subir ese mismo 2% e incluso más, porque aún falta por pagarle un saldo a las generadoras de lo adeudado y todo lo que aún no se le paga a las distribuidoras.

“Sí o sí la cuenta de la luz va a subir después de enero. Y como la deuda es grande, va a tomar varios meses para pagarla”, comenta Jorge Hermann, director de Hermann Consultores.

La SEC, en todo caso, no tiene un calendario definido aún para determinar estas reliquidaciones correspondientes a las distribuidoras, calculadas entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones.

Este enorme monto que todos debemos pagar corresponde al VAD del periodo 2020-2024, que está atrasado 43 meses por el congelamiento tarifario.

“El decreto fue emitido en mayo de 2023 por la CNE y recién tomó razón la Contraloría en junio de 2024, por lo que el 1 de julio del año pasado se empezó a aplicar el proceso tarifario 2020-24″, explica Verdejo, de la Usach.

“Lo único que está claro, eso sí, es que la SEC no usará el interés corriente más IPC”, bromea un actor de la industria.

¿Cómo no se dieron cuenta antes?

De acuerdo a la versión del gobierno, el error metodológico detectado casualmente en junio y revertido esta semana se venía aplicando desde el año 2017, cuando comenzaron a regir ciertas modificaciones a la Ley Eléctrica.

Documentos a los cuales tuvo acceso Pulso efectivamente dan cuenta de la errónea aplicación del reajuste de intereses más IPC en el ITD de precios de nudo de enero de 2018, realizado en 2017.

Es más, el exsecretario ejecutivo de la CNE entre 2018 y 2022, José Venegas, admitió que el error “viene de algo que pasó en 2017″, que en su gestión no fue aplicado por el congelamiento de tarifas, pero reconoció que, dada la complejidad de estos procesos, quizás tampoco hubiese reparado en la equivocación.

Valgesta, consultora de la que es socio Andrés Romero, quien fuera secretario ejecutivo de la CNE en 2017, analizó los informes técnicos desde ese año en adelante. Y efectivamente admite que entre 2017 y 2019 se podría haber cometido el error de que las reliquidaciones se reajustaran en base al interés corriente sumado al IPC.

Sin embargo, estima que este gobierno es responsable porque reactivó este error que había sido esquivado antes. Cuenta que en el periodo 2019-2023 se promulgaron las leyes PEC 1 y PEC 2 que congelaron las tarifas, donde se estableció que los reajustes se realizarían en dólares, por lo que borró la aplicación del “interés corriente”.

Pero en 2024, con el descongelamiento tarifario, la CNE tomó la deuda en dólares y la convirtió en pesos, y para reajustarla, le volvió a aplicar la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables más IPC. Y, según Valgesta, volvió a caer en el error de 2017, que había caducado con las leyes PEC. E incluso advierten que la Resolución 379 de 2022, citada por el gobierno, no correspondía aplicarla.

En el gobierno se han defendido planteando que era muy improbable percatarse del error antes, puesto que entre 2017 y 2019 los montos de reliquidaciones por reajustar eran pequeños, porque los IPC eran bajos -entre 3% y 4%- y los periodos que cubrían eran cortos, pues coincidían con atrasos de meses en las fijaciones tarifarias solamente. Entre 2019 y 2023, las tarifas estuvieron congeladas, por lo que no había que reliquidar nada. Y recién en 2024, cuando se descongelaron y se debió hacer frente a una deuda gigantesca de US$6 mil millones, con tasas de inflación más altas acumuladas en los últimos cuatro años, el monto de reliquidación que se debía reajustar era mucho mayor, por tanto las cifras de dinero en juego prendieron más luces rojas.

Más allá de lo ocurrido, ahora en la industria quieren sacar lecciones. Y apuntan directamente a la CNE. Un exjefe del Área Eléctrica del organismo, que también sufrió por un error en una fijación tarifaria, Claudio Espinoza, lo resume así: “Hay que revisar los procesos, entendemos que son complejos, pero deben ser trazables, que todos sepan cómo se construyó, pues hoy encontrar un error te puede tomar un par de años”.