SEÑOR DIRECTOR:

Para la comunidad universitaria, constituyó una sorpresa amarga la aplicación para los académicos y académicas de universidades estatales del país, de la ley que establece el retiro de funcionarios públicos mayores de 75 años.

Claramente, el acuerdo que sustenta dicha medida es parte de una decisión política de reducción del Estado. No obstante, en su concepción desatiende las diferencias sustantivas en la misión de los distintos estamentos funcionarios. En especial, olvida que la labor de un académico o académica no puede ser encasillada de la misma forma que otras profesiones.

La experiencia, el conocimiento adquirido y la pasión por esta labor son cualidades que maduran y se fortalecen con los años, representando un valor insustituible para las nuevas generaciones y para el avance general del conocimiento.

Es un hecho que, en nuestra y otras Casas de Estudio, académicos mayores de 75 años siguen siendo fundamentales en docencia, investigación, extensión y gestión; por lo que una desvinculación impuesta sería una pérdida grave para ellas y para el sistema educativo en su conjunto.

Retirar a un académico productivo resulta incompatible con los valores de una universidad que se define como un espacio para el libre pensamiento y la crítica. Por lo tanto, hacemos un llamamiento enérgico a las autoridades y, especialmente, al Congreso Nacional, para que modifiquen la normativa. Se debe permitir que los académicos de 75 años o más, que sigan siendo activos y lo deseen, continúen con su labor remunerada. Reconocer y aprovechar su aporte es esencial para la excelencia académica y para el futuro del país y así evitar un acto de injusticia contra quienes, por un profundo sentido de deber moral y ético, continúan aportando con su trabajo y dedicación.

María Eugenia Domínguez

Profesora asociada, Vicedecana Facultad de Comunicación e Imagen, Universidad de Chile