SEÑOR DIRECTOR:

De cara a las próximas elecciones presidenciales, enfrentamos una encrucijada: si bien la educación ha dejado de ser prioridad para el mundo político, ésta continúa siendo una de las temáticas más relevantes para lograr un desarrollo más equitativo, inclusivo y cohesionado.

En ese contexto, surge la discusión sobre la instalación de detectores de metales en los colegios. Si bien estos pueden disminuir el riesgo de hechos violentos, no resuelven por sí solos los problemas de convivencia entre estudiantes, apoderados, equipos directivos y docentes. La seguridad no puede desligarse del trabajo cotidiano de bienestar, salud mental y desarrollo socioemocional de las comunidades educativas.

Si queremos escuelas seguras, las medidas deben fortalecerse en un clima de respeto, confianza y valoración de la diversidad; enseñar la resolución pacífica de conflictos; y consolidar una cultura democrática e inclusiva. En ese marco, los mecanismos de control y sanción tienen sentido como herramientas de manejo de crisis, pero no constituyen estrategias pedagógicas en sí mismas.

Además, los recursos destinados a equipos y operación suelen restarse de iniciativas como el acceso a apoyos psicosociales y a servicios de salud mental. Si se opta por instalar detectores, que sean parte de un plan integral con protocolos claros, capacitación, apoyo profesional permanente, participación de las familias y evaluación periódica de resultados.

La seguridad se construye en el aula, en el patio y en la relación entre las personas, no en el pórtico de entrada.

Jaime Portales

Acción Colectiva por la Educación