SEÑOR DIRECTOR:

La cooperación internacional para el desarrollo es, sin duda, uno de los principios rectores de la política exterior de Chile. En contextos de normalidad fiscal y social, la utilización del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza no merecería mayores objeciones, atendido el texto expreso de la Ley 20.138, pudiendo el Presidente de la República efectuar aportes en representación del gobierno de Chile.

La pregunta es concreta y urgente: ¿Tiene hoy alguna razonabilidad política o social destinar recursos del erario nacional para apoyar a una dictadura como la cubana, mientras en Chile persisten situaciones francamente impresentables? El contraste con la realidad nacional es brutal. A más de dos años de los incendios que devastaron amplias zonas de la Región de Valparaíso, apenas se ha reconstruido cerca del 10% de las viviendas. A ello se suma la dramática situación de cientos de familias en Tomé y en la Región del Biobío que han perdido sus hogares.

Como ex director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organismo nacional responsable de ejecutar esta política pública, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), me correspondió administrar y convocar la asignación de estos fondos. En más de una oportunidad, la asignación de fondos fue suspendida porque el Ministerio de Hacienda priorizó urgencias internas.

Esta es una materia que el Congreso Nacional no puede eludir. Cuando un Presidente, por sesgo ideológico, opta por beneficiar a un régimen autoritario mientras desatiende necesidades básicas de su propio país, el problema deja de ser político y se transforma en institucional. Existiendo razones de mérito suficientes para que la Cámara de Diputados considere evaluar una acusación constitucional.

Cristián Jara B.

Abogado

Ex director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo