SEÑOR DIRECTOR:

La reciente decisión de Nayib Bukele de avanzar hacia un sistema de salud parcialmente gestionado por inteligencia artificial debiera encender más alertas que entusiasmo.

La promesa de eficiencia es atractiva, pero en salud los errores no son abstractos: se traducen en diagnósticos omitidos, tratamientos tardíos y personas perjudicadas. Delegar decisiones clínicas en sistemas automatizados —muchas veces opacos— no solo implica riesgos técnicos, sino también un problema de responsabilidad: cuando un algoritmo falla, ¿quién responde?

Chile no está ajeno a este debate. Aunque existe un marco que resguarda los datos de salud y limita decisiones automatizadas, aún carecemos de una regulación específica de inteligencia artificial plenamente vigente y de capacidades sólidas de fiscalización. Ese vacío es crítico en un ámbito donde la información es altamente sensible y los sesgos pueden profundizar desigualdades.

La incorporación de estas tecnologías es inevitable, pero suponer que resolverán déficits estructurales del sistema sanitario es, al menos, ingenuo. Sin transparencia, supervisión humana y mecanismos claros de rendición de cuentas, el riesgo no es solo tecnológico: es institucional. Modernizar no puede equivaler a automatizar sin control.

Luciano Ahumada

Decano (i) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP