SEÑOR DIRECTOR:

La mejor prueba de las imposturas del debate sobre la facultad de indulto presidencial es que su posible aplicación a hechos vinculador al llamado “estallido social” dé lugar a posturas radicalmente opuestas según lo que representen los posibles beneficiarios, algo que los amagos de diferenciación no logran ocultar.

Superar las imposturas pasa por discutir seriamente, sin anteojeras ideológicas, sobre la posible justificación de una institución sin duda anómala, pero que por alguna razón se mantiene en casi todo el mundo. Y si se opta por no eliminarla, pasa por darle unos contornos razonables, el gran déficit de nuestra regulación.

Lo más urgente sería contar con criterios de procedencia. Lo obvio sería considerar razones humanitarias, basadas bien en la situación del condenado, bien en las circunstancias extraordinarias de los hechos que, sin embargo, legalmente no alcanzaban para eximir de responsabilidad o atenuar más una pena que en concreto pudiera parecer excesiva, las que debieran estar abiertas siempre a consideración, cualquiera que sea el delito (lo que supone eliminar la exclusión a priori de los llamados delitos terroristas). Más allá de estas razones, se puede pensar en posibles fines de pacificación, todo lo cual es mucho más discutible. Para estos casos, así como para la comprobación efectiva de los presupuestos de las razones humanitarias invocadas, haría mucho sentido la intervención, sugerida en estos días, de un órgano distinto que dé garantías de imparcialidad política.

Cualquiera que sea el diseño, lo esencial es que reconozca la legitimidad de las decisiones judiciales. Los condenados lo son porque cometieron delitos, algo que el indulto no puede desconocer, pero que lamentables declaraciones de los dos últimos presidentes parecieron olvidar.

Héctor Hernández

Director del Departamento de Derecho Penal UDP