SEÑOR DIRECTOR:

La pugna entre la familia Correa y el Serviu se suma a episodios como el lento avance en la reconstrucción y la negociación de último minuto para evitar el desalojo de la toma en San Antonio, evidenciando que el problema no es la falta de leyes, sino la baja capacidad del Estado para hacerlas cumplir.

Concuerdo con el ministro Montes en que la situación de la familia Correa no da para más y que algo debe hacerse; sin embargo, es él y su gobierno quienes deben dar cumplimiento al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y no escudarse en una interpretación distinta de lo resuelto.

Chile cuenta con normas para proteger la propiedad, resguardar el espacio público e incluso financiar la respuesta a emergencias. El problema es que, frente a conflictos complejos, el Estado ha demostrado limitada capacidad de ejecución y, en ocasiones, ha optado por decisiones políticas que contradicen resoluciones judiciales.

Cuando las autoridades no cumplen o reinterpretan la ley, transmiten el mensaje de que esta es negociable. Ese precedente erosiona la confianza ciudadana, fomenta la repetición de conductas delictivas y consolida problemas como la informalidad, la lucha contra el crimen organizado y la percepción de un Estado de Derecho debilitado.

Ignacio Aravena

Fundación P!ensa