SEÑOR DIRECTOR:

Cada siete días, un niño, niña o adolescente es asesinado en Chile. El debate público tiende a asociar estos crímenes con el narcotráfico y la violencia callejera, pero las cifras oficiales revelan una realidad más grave e incómoda.

De los 52 niños, niñas y adolescentes asesinados en 2025, uno de cada cinco murió en contexto de violencia intrafamiliar. Entre los menores de 15 años, la proporción es aún más alarmante: la mitad fue asesinada dentro de su propio hogar. Los homicidios infantiles en contexto intrafamiliar aumentaron un 175% entre 2022 y 2025. No estamos ante un problema de la calle. Es un problema de puertas adentro, invisible y devastador, que crece en silencio mientras la atención se concentra en otro lado.

Pero hay algo peor. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, uno de cada cuatro niños víctima de vulneración de derechos en 2025 ya había sido vulnerado antes. El Estado los tuvo en sus registros, los identificó como víctimas y los devolvió al mismo riesgo. Y cuando murieron, las fallas continuaron con peritajes que tardan meses, evidencia mal gestionada y familias que no saben cómo murió su hijo o hija ya que la causa fue “indeterminada”.

Desde Fundación Amparo y Justicia llevamos 27 años acompañando a estas familias y conocemos de cerca las fallas del sistema, desde la prevención hasta la investigación de cada delito.

Esa experiencia nos llevó a convocar un grupo intersectorial con once instituciones del Estado, que ya produjo un diagnóstico conjunto y próximamente entregará un informe con propuestas concretas, que incluye una arquitectura institucional que coordine la respuesta del Estado, metas y protocolos definidos, y formación profesional especializada para quienes intervienen en estos casos.

Que no nos incomode hablar de los niños y niñas que fueron asesinados. Lo que nos debe incomodar es que el Estado los haya identificado como víctimas y no los haya protegido, que sus familias sigan sin saber cómo murieron, que el debate se agote en cada titular y no produzca cambios. Las soluciones existen y lo hemos visto en otros países. Lo que falta es la voluntad política para ponerlas en marcha y focalizar los esfuerzos en la protección de la niñez para evitar nuevos casos que lamentar.

Pía Greene

Directora ejecutiva

Fundación Amparo y Justicia