SEÑOR DIRECTOR:

Llama la atención que Isabel Allende insista en señalar que “siguió las instrucciones del gobierno” y que “ninguna autoridad nos advirtió que existía una posible inhabilidad constitucional”, como si acaso ella -y su sobrina Maya Fernández- hubiesen sido obligadas a celebrar un contrato de compraventa. Pero lo cierto es que ambas concurrieron a celebrar ese contrato libre y voluntariamente, debiendo ellas haberse informado o asesorado respecto a las implicancias legales del acto jurídico que celebrarían, como lo hace cualquier mortal -por lo demás- cuando va a comprar o vender una casa.

La actitud de la exsenadora delata una suerte de intento por buscar en un tercero con quien diluir y compartir su responsabilidad en el acto, pero cuyos réditos serían personales.

Ignacio Garay P.

Abogado