SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico lleva más de un año en tramitación. Su propósito original era claro: encontrar nuevas fuentes de financiamiento para fortalecer una política pública que complementara la normalización tarifaria. Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa concreta terminó entrampado, principalmente por dos razones: la autoridad pretende que sean los privados quienes financien una política pública que corresponde al Estado, y se añadieron disposiciones que solo han entorpecido la discusión.

No se aprendieron las lecciones de la compleja tramitación del proyecto de transición energética. Esa iniciativa, consensuada inicialmente con el sector, acabó convertida en un Frankenstein, reducido a una reforma acotada de la transmisión.

Pese al consenso de expertos sobre la urgencia de una reforma de la distribución, la autoridad sostiene que los tiempos son limitados y que una transformación de ese calibre requiere tiempo. Por lo anterior, la estrategia ha sido aumentar las multas, en lugar de considerar planes de obras urgentes, como sí ocurrió en transición energética. Resultado: un “Frankenstein 2”, en tramitación en el Congreso.

Ante el poco avance legislativo, la autoridad recurre ahora a la vía reglamentaria. Sin embargo, los cambios tampoco apuntan a las verdaderas urgencias del usuario final. La norma técnica de distribución permite que comunas tengan distintos estándares de calidad y que cerca de 700.000 clientes pudiesen estar un año sin suministro y las distribuidoras cumplirían la norma. Para resolver lo anterior, las compensaciones a esos clientes se traspasan a la tarifa y son financiadas por todos los usuarios.

Si las leyes tardan y la autoridad opta por reglamentos, lo lógico sería concentrar esfuerzos en las verdaderas urgencias, en lugar de insistir en fórmulas que ya han generado rechazo y sin beneficios concretos para el ciudadano de a pie.

Humberto Verdejo

Académico Dpto. de Ingeniería Eléctrica USACH