SEÑOR DIRECTOR:

El debate sobre el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur debe abordarse con datos, responsabilidad y sentido de Estado. Entre 2021 y 2025, los hechos de violencia se redujeron en un 79%, pasando de 1.751 a 359, cifras que no son meros indicadores estadísticos: representan avances concretos en derechos y libertades fundamentales para familias mapuche y no mapuche.

La presencia conjunta de las Fuerzas Armadas y las policías ha sido clave. Tras 67 prórrogas, el despliegue no solo ha permitido prevenir delitos, sino también fortalecer la persecución penal. Un ejemplo elocuente es la condena a presidio perpetuo calificado por el triple homicidio de Carabineros. Asimismo, se han producido cambios relevantes: una nueva narrativa que reconoce el fenómeno terrorista, reformas legales como la nueva ley antiterrorista, penas de cárcel a la usurpación y una mejor regulación del robo de madera. Condenas como la de Héctor Llaitul reflejan estos avances, junto con una mayor comprensión transversal del problema.

Sin embargo, la prudencia es indispensable. El atentado del 27 de abril de 2024 en Cañete, ocurrido en un contexto de relativa calma, demuestra que la amenaza persiste. Por ello, el Estado de Emergencia hoy es una condición necesaria pero no suficiente.

El nuevo gobierno enfrenta desafíos claros: asumir esta materia como política de Estado; implementar una estrategia antiterrorista integral —aún pendiente—; modernizar el sistema de inteligencia con foco en la zona; avanzar en procesos penales clave, como el caso Molino Grollmus; y fortalecer la reparación a las víctimas.

La unidad de acción del Estado no es opcional: es la condición para consolidar la paz.

Pablo Urquízar M.

Coordinador OCRIT UNAB