SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, el gobierno ha publicado su Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2031, sin embargo, la gran interrogante que se abre es hasta dónde la siguiente administración implementará dicho plan, pues todo indicaría que alguna de las oposiciones llegaría a La Moneda el 11 de marzo de 2026.

Más allá del cambio de signo político, el lanzamiento de este plan se enmarca en la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y viene de alguna manera a guiar las acciones que está desarrollando la cartera liderada por Luis Cordero. En ese sentido, como primera planificación considera elementos que serán relevantes para las siguientes administraciones, especialmente el diagnóstico. Más allá de los matices políticos, esos datos serán el punto de partida para los que vienen y, junto a los objetivos propuestos, entregarán información sobre cómo se diseñaban las políticas públicas de seguridad y cómo se materializaba el sistema de seguridad pública.

Todo esto para dar continuidad, por supuesto que no. Al igual que en países como Estados Unidos o Inglaterra, las administraciones que llegan comienzan sus períodos con sus propias estrategias y planificaciones. No desechan lo anterior, pero traen lo propio con fuerza.

En el caso de este Plan Nacional, su estreno en sociedad tiene que ver con el tiempo de vida del ministerio, una institucionalidad que nace hacia el final del gobierno y que a pesar de eso fue capaz de entregar una planificación antes de terminar.

Para los que llegan, los planes con nombres “hollywoodenses” deben materializarse en documentos de políticas públicas que incorporen el camino recorrido, que se publiquen dentro de los primeros seis meses de gobierno y que sean revisados permanentemente. La política pública es viva y sin revisión ni mejora ningún plan servirá.

Pilar Lizana

Directora ejecutiva de Volpe Consulting