SEÑOR DIRECTOR:

Mientras Chile sigue estancado en los niveles de asistencia escolar —2,6 puntos por debajo de la prepandemia—, el reciente informe de Contraloría sobre licencias médicas fraudulentas revela un problema más profundo: la fragilidad de nuestra institucionalidad para sostener compromisos públicos esenciales.

Entre los organismos con más irregularidades aparecen Junji, Integra, SLEP y municipalidades, precisamente entidades claves en la educación pública.

Otra razón más que nos permite entender por qué es tan difícil pedir a las familias que envíen a sus hijos todos los días a clases.

¿Cómo generar una cultura de responsabilidad si parte del sistema opera con laxitud o abuso?

Rebeca Molina

Directora ejecutiva

Fundacion Presente