SEÑOR DIRECTOR:

Según el último informe de la Fiscalía, en 2024 se registraron 868 casos, lo que representa un aumento del 2,1% en comparación con 2023. El punto de inflexión se produjo en 2022, cuando los hechos pasaron de 492 a 826. La depuración de estos datos —realizada por la misma Fiscalía- reduce la cifra a 627 para 2023 y a 593 para 2024. De estos, 170 (27,2%) y 224 (37,8%) corresponden a secuestros vinculados a actividades del crimen organizado. En otras palabras, en nuestro peor año se contabilizaron 224 secuestros relacionados con el crimen organizado. Esta es la cifra oficial.

La evidencia comparada muestra que este delito suele surgir como una práctica entre organizaciones criminales -para cobrar deudas, castigar deslealtades o disputar territorios- pero cuando la impunidad es alta, es decir, cuando la probabilidad de imputación, formalización y juicio efectivo es baja, se expande hacia la ciudadanía general con fines puramente lucrativos.

Esto es lo que pareciera estar ocurriendo en Chile. La buena noticia, sin embargo, es que el Estado tiene herramientas y capacidades para revertir esta tendencia. La creación de equipos especializados (ECOH) y el uso de técnicas intrusivas bajo control judicial han demostrado mejorar la persecución en delitos complejos.

¿Qué hacer? Primero, reducir la impunidad: fortalecer fuerzas de trabajo persecutoria dedicadas a secuestros, con mayor inteligencia, trazabilidad de pagos, asegurando reacción temprana (primeras 24–48 horas) y perseguir cadenas logísticas (casas de cautiverio, vehículos, cómplices) más que solo a ejecutores. Segundo, cortar los incentivos: investigación patrimonial sistemática, extinción de dominio y bloqueo de flujos financieros. Al respecto, aún resta priorizar y reforzar la investigación financiera para lo cual agilizar los procesos de levantamiento del secreto bancario es crucial. Tercero, protección integral a víctimas y testigos para aumentar la denuncia y testimonios clave.

Chile cuenta con instituciones resilientes, marcos legales y profesionales capaces. Reconocer la gravedad sin sobredimensionarla es esencial para evitar pánico y concentrar recursos donde más impactan: bajar la impunidad y elevar el costo penal para las redes que hoy hacen un negocio del secuestro. Ese es el camino para recuperar control y confianza pública.

Pablo Carvacho

Director Laboratorio UC Seguridad y Justicia